El delegado territorial de la Junta, Javier López-Escobar presentó ayer en la villa la Ley de Ordenación, Servicios y Gobierno del Territorio de Castilla y León a representantes de 43 municipios de la provincia. En el acto contó con la participación del viceportavoz del grupo Popular en las Cortes de Castilla y León y ponente de la nueva Ley, Juan José Sanz Vitorio.
López Escobar recalcó que esta era la tercera reunión con responsables de municipios de menos de 20.000 habitantes que mantenían, aunque la primera desde que la ley entró en vigor el 25 de octubre. Así señaló que el objeto del encuentro era explicar cómo ha quedado definitivamente la ley con cuya entrada en vigor culmina “un proceso que empezó hace aproximadamente dos años, un proceso muy participativo, muy abierto, donde se escuchó todo lo que tenían que decir todos los alcaldes”. Afirmó que esta ley afecta a los municipios de la región “desde el punto de vista de que lo que pretende es facilitarles las herramientas necesarias para cumplir con sus obligaciones de manera más eficiente y para que puedan prestar los servicios que ellos tienen que prestar en el territorio a sus ciudadanos”.
El delegado territorial señaló que fundamentalmente la ley busca “mejorar la forma y el modo en que la Junta presta los servicios a los ciudadanos”, una mejora que debe repercutir en los municipios y éstos deben aprovechar esta ley para ser más eficientes y poder cumplir con aquello que se les va a encomendar, lo que ya tienen encomendado y lo que la reforma nacional les va a encomendar.
Entre las dudas de los asistentes se encuentra cómo va a quedar el mapa, el papel de las mancomunidades… Para reorganizar ese mapa de mancomunidades la ley facilita las herramientas “ y tener un número de mancomunidades menor, más homogéneo, más continuo y con un catálogo de competencias homogéneo y común”, afirmó.
La nueva Ley respeta las Entidades Locales Menores que deberán presentar sus cuentas antes del 31 de diciembre de 2014 y apuesta por su modernización y respeta también las Comunidades de Villa y Tierra, que podrán tener la misma consideración que las Mancomunidades de Interés General rurales cuando cumplan determinados requisitos.
