La difícil relación vecinal entre EEUU y México se volvió a tensar ayer después de que el Gobierno que preside Felipe Calderón criticara duramente la aprobación de la ley que convierte en delito la inmigración ilegal en Arizona y anunciara que se planteará el vínculo que mantiene con dicho estado ante una iniciativa que, a su juicio, criminaliza a los extranjeros.
Todo el problema se desencadenó el pasado viernes, cuando la gobernadora de Arizona, la republicana Jane Brewer, desafió las protestas y las críticas, incluida la del presidente Barack Obama, y promulgó la controvertida normativa, que permite que la Policía detenga a cualquier persona si tiene alguna «sospecha razonable» de que está en situación ilegal, lo que, en opinión de algunos, allana el camino para la discriminación racial. Para los partidarios de la iniciativa, no obstante, ello hará más posible controlar la inmigración irregular en un estado donde hay más de 460.000 indocumentados, en su mayoría mexicanos. Hasta ahora, el arresto de un sospechoso de ser un sin papeles, solo era posible en el caso de que se hubiese cometido un delito.
«La ley afecta a la relación entre Arizona y México y obliga a nuestro Gobierno a plantearse la viabilidad y la utilidad de los esquemas de cooperación que se han desarrollado con ese estado», destacó la canciller, Patricia Espinosa, quien lamentó que los legisladores que han aprobado la norma no hayan tenido en cuenta la «valiosa e inmensa» contribución de los mexicanos a la economía, sociedad y cultura de EEUU.
«La criminalización no es el camino para resolver el fenómeno de la inmigración indocumentada», añadió la canciller, quien aseguró que ante una norma que afecta a los derechos humanos de «miles de mexicanos», el Ejecutivo de Calderón «no puede permanecer indiferente».
En este sentido, recordó que su Gabinete ha llevado a cabo «diversas acciones y acercamiento a todos los niveles» para transmitir al Gobierno de Arizona las preocupaciones aztecas «sin obtener una respuesta positiva de su parte».
«La corresponsabilidad, confianza y respeto mutuo deben ser la base para atender los retos compartidos en América del Norte», comentó la dirigente, que puso como ejemplo el problema de la violencia generada por los cárteles de la droga «que tiene origen en ambos países y es motivo de gran preocupación».
Al igual que las autoridades mexicanas mantienen el compromiso «inamovible» de combatir al crimen organizado, Washington «debe continuar fortaleciendo sus acciones para disminuir la demanda de drogas y controlar el tráfico ilegal de armas, precursores químicos y dinero en efectivo».
Por su parte, dos grupos hispanos preparaban ayer sendas querellas contra la nueva ley de Arizona, el mismo día que la gobernadora Brewer ponía su firma en el decreto, que refleja la impaciencia de su estado y otros por la falta de una política migratoria clara y firme del Gobierno Federal, que ha causado la presencia en el país de más de 12 millones de extranjeros indocumentados. Obama ordenó al Departamento de Justicia de EEUU que estudie si esta iniciativa viola las leyes federales de derechos civiles.
La ley, que entrará en vigor a finales de este año, autoriza a la Policía a que detenga, interrogue y exija documentos a las personas que sus agentes crean que son sin papeles. También establece sanciones contra quienes empleen a ilegales o les faciliten la vida en el estado.
Arizona es uno de los principales puntos de entrada de los inmigrantes indocumentados después de que fuera construido hace más dos décadas un muro en la zona de California. Pero en este paso los sin papeles deben sortear no solo la vigilancia policial sino los peligros del desierto.
