El Banco de España afirma que una justicia lenta tiene efectos negativos sobre la economía, entre ellos un menor crecimiento y tamaño de las empresas, un mercado del alquiler más reducido y un menor desarrollo de los mercados financieros. En el caso de España, muchos de los parámetros que miden la eficiencia de los tribunales la sitúan por debajo de la media de los países desarrollados. La institución así lo señala en el Boletín Económico del mes de enero, en el que hace un repaso a parte de la literatura especializada en estos asuntos.
En primer lugar, estos estudios evidencian que la falta de eficiencia del sistema judicial puede considerarse un “coste fijo” que han de pagar las empresas por litigiar, por lo que supone una “barrera” más alta para un emprendedor que para una gran empresa. La consecuencia es un menor desarrollo empresarial.
Asimismo, una mayor percepción de inseguridad jurídica por parte de los propietarios de una vivienda, si se demoran las ejecuciones de las sentencias en un casos de impago por parte del inquilino, llevará, en general, a una menor oferta de viviendas en alquiler.
Por último, el Banco de España señala que una menor eficacia judicial reduce la disponibilidad de crédito en relación con el PIB local.
En la otra cara de la moneda, el banco emisor argumenta que, el bueno funcionamiento de los procesos judiciales que declaran la existencia de una deuda o de un incumplimiento de contrato es “crítico” para favorecer el tamaño y el crecimiento de las empresas, mientras que la eficacia en la fase de ejecución de sentencias aumenta el peso del mercado del alquiler frente a la compra.
A la hora de valorar si la justicia española es de las que favorece o penaliza la economía, el Banco de España parte de la duración de los procedimientos judiciales entre particulares en la primera instancia civil y, con datos de la OCDE de 2013, señala que la media en España es de 272 días, por encima de los 238 días en el conjunto de estos países.
Las estadísticas de la Comisión Europea para la Eficacia en la Justicia (CEPEJ) —con los últimos datos disponibles de 2014— señalan también que en España se invierten 264 días en resolver un conflicto de estas características, frente a los 183 días de Alemania, donde el mercado del alquiler y el tamaño de las empresas es mayor.
Finalmente, el Banco Mundial ofrece cifras de 2015 que indican que en España se dedican 510 días de media en resolver un conflicto comercial, mientras que en el país germano se pierden 429 días de media.
Las razones de este retraso de la justicia española vienen tanto del lado de medios de los que dispone como de la alta litigiosidad que se da en el país. Para empezar, la Comisión Europea calcula que España tiene 11,2 jueces por cada 100.000 habitantes, una ratio inferior a los 21 de la media de los países europeos.
En cuanto a la financiación, España dispondría de una gasto público invertido en los tribunales en relación con la población de 27 euros por persona, por debajo de los 34,8 euros de media en Europa.
España se encuentra bien posicionada, en cambio, en los rankings de utilización de las nuevas tecnologías y en el grado de especialización judicial. Sin embargo, nuevamente, tiene la cuarta tasa de litigación más alta entre los países de la OCDE, de acuerdo con los registros de este organismo, que están en línea con los de la CEPEDA.
La explicación, según el Banco de España, es que existen muchos incentivos a litigiar, como el volumen y complejidad de las transacciones económicas, el ciclo económico o la calidad y complejidad de la normativa y de los procedimientos para resolver conflictos fuera de los tribunales, como la mediación, el arbitraje y la conciliación.
