Como sucede desde hace ya bastantes años, los hechos se encargaron ayer de matizar una vez más a las palabras y quedó demostró nuevamente que, a la hora de luchar contra el entorno de ETA, la voluntad del Gobierno resulta mucho más nítida en los discursos que en las Cortes. De hecho, mientras el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno decidía atender al fiscal y prohibía la manifestación convocada para este sábado en Bilbao por los abertzales al entender que hay «fundados indicios» de que podría tener como finalidad «apoyar la estrategia y justificar las acciones de ETA», el Ejecutivo socialista recurría otra vez a las filigranas dialécticas para escurrir el bulto de su falta de acción contra los lacayos políticos de ETA.
Así, el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, explicó que se abordarán, «si fuese necesario, modificaciones legislativas para asegurar que en los órganos de representación de los ciudadanos solo habrá demócratas». Es decir, que el Ejecutivo no está dispuesto a cumplir sus reiteradas promesas de cambiar el ordenamiento para taponar las grietas que han permitido que en los proetarras estén actualmente presentes en las instituciones democráticas.
Eso sí, según Caamaño, el presidente Zapatero «ha sido claro y rotundo», de modo que «la intención» del Gobierno es que aquellos que «no condenen claramente la violencia y no abandonen esa forma de actuar en democracia tampoco estén en los órganos democráticos». Por supuesto, el ministro no quiso aclarar por qué tales iniciativas y tal rotundidad no han sido puestas en práctica durante el lustro que los socialistas llevan en el poder.
Bastante menos alambicada se mostró la Audiencia al impedir que Batasuna marche este sábado por las calles de la capital vizcaína. En su auto, el titular del Juzgado Central de Instrucción número dos ordena al departamento de Interior del Gobierno vasco y a la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil que «adopten las medidas necesarias para impedir la celebración del acto, eviten la comisión de hechos delictivos y procedan a instruir las diligencias necesarias en relación con quienes» participen en el mismo.
A la hora de justificar su decisión, Moreno reproduce los argumentos expuestos el miércoles en el escrito presentado por el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, para solicitar la prohibición del acto, cuyo lema es Por todos los derechos para toda la ciudadanía en Euskal Herria, y que apelan a los informes de las Fuerzas de Seguridad que certifican que la plataforma convocante está integrada por procesados y acusados de integración en ETA.
