El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5, que regenta Jesús Martínez Puras, ha decidido abrir diligencias previas en relación a la denuncia que diversos exconsejeros de Caja Segovia presentaron en la Fiscalía, por el supuesto acuerdo del consejo de administración de hipotecar el Torreón de Lozoya para hacer frente a la deuda tributaria contraída por la sociedad Navicoas, en la que participaba la entidad financiera segoviana.
Varios exconsejeros de la Caja venían desde hace meses insistiendo en que no eran conscientes de que en ninguna reunión del consejo se hubiera aprobado hipotecar uno de los edificios emblemáticos de Segovia y, sin duda, una de las imágenes que los segovianos más asocian con esa entidad. La noticia de que el Torreón había sido hipotecado, desvelada por este diario tras el verano, desató una ola de indignación entre los vecinos de esta provincia.
Once de esos exconsejeros decidieron finalmente presentar una denuncia ante el Ministerio Público en la que acusaban al presidente de la Caja, Atilano Soto; y a su vicepresidente Manuel Agudíez y al jefe de riesgos Óscar Varas -administradores estos dos últimos de Navicoas-, de descapitalizar la entidad segoviana al haber asumido la deuda generada por esa entidad asturiana, cuando, a su juicio, debería haberse hecho cargo de ella el Banco Financiero.
La Fiscalía Provincial decidió enviar inmediatamente esa denuncia al juzgado decano para su reparto al entender que podía haber materia delictiva.
“Todo surge -apuntaban en su denuncia los exconsejeros- cuando el secretario del consejo, Miguel Ángel de Vicente, detecta que no existe una correspondencia entre los acuerdos del consejo y las actas redactadas por el secretario de actas Fernando Tapias, y refrendadas por el que fuera presidente Atilano Soto; y se niega a suscribirlas, pues `las actas contienen información que no se ajusta a la facilitada al consejo de administración, y acuerdos que no se adoptaron´”.
Los exconsejeros aseguraban en su denuncia que “se consideran manipulados, ya que los acuerdos adoptados relativos a la financiación de la deuda tributaria de Navicoas Asturias, por un importe de 6.864.611,04 euros y sus situación concursal, les había sido ocultada; y el gravamen del edificio del Torreón de Lozoya con ocasión de tal deuda había sido ejecutado sin acuerdo expreso del consejo, por quien fuera su presidente Atilando Soto, extralimitándose además en sus condiciones”.
En el auto dictado ahora por el Juzgado número 1, el magistrado Martínez Puras considera que “los hechos que resultan de las anteriores actuaciones presentan características que hacen presumir la posible existencia de delito e falsedad documental y administración desleal”.
El juez decide abrir unas diligencias para determinar precisamente la naturaleza y circunstancias de tales hechos, y las personas que han podido intervenir. En concreto, y tras la desaparición de Caja Segovia, el Juzgado pide a la entidad que le ha sucedido que le remita las actas del consejo de administración del 1de febrero de 2012 y del 17 de julio de 2012 en los que supuestamente se acordó hipotecar el Torreón. Le solicita también que le informe de “la persona física que, dentro de la Caja, estaba encargada de la redacción y custodia de las actas del consejo de administración”.
En su denuncia, los exconsejeros de la caja apuntaban que se habían enterado de que las “reuniones del consejo de administración de la Caja eran grabadas sin su conocimiento”. En ese sentido, el juez quiere que se le informe “si las reuniones eran grabadas en algún soporte”, y, de ser así, se le envíen copia de esos consejos.
El Juzgado quiere saber también “el mecanismo de redacción y aprobación de las actas del consejo, del momento en que se debe producir su aprobación y del momento en que de facto se producía, y si con carácter previo a ello se ponía de manifiesto el contenido del acta a aprobar por todos los consejeros”.
El tribunal solicita toda la documentación relativa al “Acta de Acuerdo” entre “la Agencia Estatal de la Administración Tributaria y Navicoas Asturias, y la derivación de responsabilidad hacia Caja Segovia por la deuda tributaria que tenía al parecer aquella sociedad con la AEAT como consecuencia de una inspección tributaria practicada; y si dicha responsabilidad no era asumida por el contrato de integración de Caja Segovia en el Banco Financiero y de Ahorros, y los motivos de la no asunción”.
Por último, el juez se dirige al Registro Mercantil para que le remita la certificación literal de la inscripción practicada allí por Caja Segovia en relación a la hipoteca del Torreón, y uno de los notarios de esta ciudad para que le remita copia autorizada de la escritura ante él otorgada en tal sentido el 19 de julio de 2012.
Asímismo, el Juzgado acuerda “dar traslado del escrito de denuncia inicial y documentación aportada a las personas frente a las que se dirigen los hechos de imputación, Fernando Tapias y Atilano Soto, a fin de que puedan personarse en el procedimiento y garantizar su derecho de defensa en el inicio de las actuaciones”.
Por último, el juez pide al letrado Javier de la Orden, quien firmó el escrito inicial de la denuncia enviada al fiscal, que le aporte nombre completo y domicilio de los once exconsejeros que suscribieron esa comunicación.
Deuda con la Agencia Tributaria
Entre las diligencias practicadas, el Juzgado pide a la Agencia Tributaria que le remita toda la documentación relativa al expediente abierto por una inspección tributaria realizada a la entidad Navicoas Asturias, participada por Caja Segovia. En concreto, el juez reclama todo lo relativo “a la derivación de responsabilidad hacia Caja Segovia (como administrador de hecho o por otros motivos) de la deuda contraída por aquella entidad, expediente en el que al parecer se formalizó un acta de acuerdo por la cifra de 6.864.611 euros, debiendo indicar los motivos por los que se derivó la responsabilidad de la deuda a Caja Segovia.
