El conflicto en Libia se está alargando más de lo que muchos esperaban cuando estalló. Y la duración de los combates contra las tropas rebeldes han conllevado una dureza de tal magnitud que ayer el fiscal jefe de la Corte Penal Internacional (CPI), Luis Moreno Ocampo, pidió el arresto del líder del país, Muamar el Gadafi, bajo acusaciones de crímenes de lesa humanidad.
Junto al coronel, el letrado solicitó la detención de otras dos personas del entorno más cercano de Gadafi: su segundo hijo, Saif el Islam, considerado el delfín del mandatario, y su cuñado Abdulá el Senusi, jefe de la Inteligencia Militar del país.
Los tres forman un triángulo fundamental del régimen libio, con el dirigente como «autoridad absoluta», su hijo como «primer ministro de facto» y El Senusi como «mano derecha» y ejecutor de los crímenes, en alusión a los ataques contra la población civil.
«El objetivo del coronel era preservar su autoridad absoluta (…), la cual usó para cometer los crímenes», explicó el fiscal argentino, refiriéndose a los insurgentes como una pieza clave en la «denuncia» de los presuntos delitos.
«Los árabes están cambiando el mundo», insistió sobre las diferentes revueltas en el entorno musulmán, donde la población se está levantando contra regímenes como los de Egipto, Siria y Túnez.
Ocampo recordó que las fuerzas gubernamentales «atacaron a gente en sus casas y en las vías públicas, dispararon a manifestantes con fuego real, usaron armamento pesado contra participantes en funerales y situaron francotiradores para matar a los supervivientes».
Esos crímenes de lesa humanidad -explicó- se cometieron a partir del pasado 15 de febrero y todavía se siguen produciendo bajo el control «personal» del líder.
Tras el paso dado por la Fiscalía, son los jueces los que tienen ahora la palabra, pudiendo decidir «en semanas o meses», según el acusador, si aceptan la solicitud de captura, la rechazan o piden información adicional a los fiscales antes de tomar una decisión.
Sin adelantar sus expectativas sobre la opinión de los magistrados, el abogado aclaró que de emitirse la orden de arresto, ésta no irá dirigida a la comunidad internacional, sino «a las autoridades libias, que están obligadas a ejecutar» las órdenes de la Corte.
El fiscal reconoció a este respecto que no existe ningún acuerdo con Trípoli que garantice la ejecución de la eventual orden de arresto contra los tres sospechosos, pero aclaró que cuenta con pruebas tan «fuertes» que su oficina está «casi lista para empezar un juicio» contra Gadafi y sus allegados.
Mientras los magistrados deliberan sobre la petición de captura de los hasta ahora identificados como «máximos responsables» -que no los únicos- de los crímenes en Libia, la Fiscalía continúa con sus investigaciones, extendiéndolas a presuntos crímenes de guerra que podrían incluir, entre otros, «violaciones» de índole sexual.
Ocampo resaltó la rapidez con la que su oficina está realizando la investigación en Libia desde que el caso le fue remitido el pasado febrero por la ONU. «Hace menos de tres meses que se nos solicitó una investigación imparcial, y hoy ya estamos pidiendo órdenes de arresto», manifestó.
Mientras, las fuerzas de la Alianza Atlántica abortaron ayer un intento de ataque con bombas en el puerto de la ciudad de Misrata llevado a cabo por las fuerzas de Gadafi.
Los aliados pararon dos embarcaciones y, mientras una escapó a gran velocidad, la otra se detuvo. Ésta fue inspeccionada y a bordo se encontraron cerca de una tonelada de explosivos y dos maniquíes con forma humana.
