Los propietarios de los terrenos situados en el entorno de la carretera de La Granja —los denominados sectores A y B, «Palazuelos» y «Eresma Alto»— donde se proyecta la construcción de miles de viviendas, deberán reducir sus pretensiones inmobiliarias para estos terrenos, que suman casi un millón de metros cuadrados (947.131). La Dirección General de Vivienda, Arquitectura y Urbanismo de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, ha propuesto al Consejo regional de Urbanismo que informe de forma desfavorable a la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Segovia que impulsó el Ayuntamiento de Segovia para los sectores A y B.
Esta modificación del PGOU perseguía, en síntesis, aumentar el número de viviendas proyectadas en estos terrenos para hacer viable la inversión a los promotores. La propuesta de informe desfavorable, que firma el director general de Urbanismo, Ángel Marinero, recoge las conclusiones de la Ponencia Técnica del Consejo regional de Urbanismo, que se reunió el pasado mes de julio.
Con esta decisión, la Junta tumba el propósito de la propiedad de construir un mayor número de viviendas, aunque con un tamaño más pequeño, para hacer rentable la fuerte inversión que precisa este proyecto de promoción inmobiliaria, el más ambicioso en Segovia desde hace décadas. Los promotores, en 2006, cifraron en casi 62 millones de euros -un total de 61.982.757 euros- la inversión necesaria solo para la urbanización de los terrenos.
Al amparo de la Ley regional de Urbanismo, y en respuesta a la petición de los propietarios, el Ayuntamiento planteó modificar el PGOU para incrementar el número de viviendas autorizadas, pasando de 4.749 a un total de 6.470, lo que suponía un aumento del 37%. La propuesta pasaba por aumentar la densidad de viviendas en los dos sectores hasta el máximo que permite la Ley de Urbanismo, de 50 a 70 por hectárea, por encima de las indicaciones generales que marca el PGOU -de 45 hectáreas por vivienda-
Sin embargo, la Junta rechaza la pretensión de los promotores y del Ayuntamiento —interesado en que se urbanice este suelo, con reserva para viviendas de protección y para jóvenes, y del que también es propietario— al entender que no se justifica de forma adecuada las razones para este fuerte incremento en el número de viviendas (1.721 más).
El informe, al que ha tenido acceso EL ADELANTADO, considera además que no se justifican de forma suficiente los incrementos de altura de los edificios -se prevén inmuebles de 10 plantas-ni la reserva de plazas de aparcamiento de uso público. Los técnicos regionales advierten que la densidad propuesta (70 viviendas por hectárea) es muy superior a la media del resto de sectores de la ciudad (de 39 a 45 h/vivienda), con excepción del sector Bonal (55 h/vivienda).
Además han detectado algunos errores sustanciales, como por ejemplo, en las superficies destinadas a sistemas generales.
La Junta no aprobará la modificación del PGOU para ampliar el número de viviendas en los sectores A y B, al menos tal y como ha sido planteada, hasta que el Ayuntamiento no subsane estas deficiencias. Aunque la decisión de la Dirección General de Urbanismo se ha conocido ahora, tanto los propietarios como la Concejalía de Urbanismo fueron informados del pronunciamiento de la Ponencia Técnica en el mes de julio.
La propuesta no ha pillado por sorpresa. Los propietarios se reunieron hace tan solo unos días y alcanzaron un principio de acuerdo para modificar el plan de ordenación de los sectores A y B y fijar su propuesta en una densidad de 60 viviendas por hectárea, lo que supondría pasar de 4.749 a unas 5.180 viviendas, en lugar de las 6.470 pretendidas. En consecuencia, los propietarios deberán presentar el nuevo proyecto al Ayuntamiento y éste tramitar la aprobación inicial por el pleno de la modificación del PGOU que ampare el aumento de edificabilidad. La modificación deberá someterse a exposición pública y a un periodo de presentación de alegaciones, y contar, para su aprobación definitiva, con el visto bueno de la Junta de Castilla y León.
Con polémica
El 3 de septiembre de 2012, el pleno del Ayuntamiento aprobó de forma inicial la modificación del PGOU referida a los sectores A y B, ahora rechazada por la Junta de Castilla y León. La modificación fue aprobada por unanimidad, después de cinco largos meses plagados de declaraciones cruzadas entre el PP y el Gobierno municipal, reuniones e informes técnicos.
En abril de 2012, el PP tumbó el proyecto -la ausencia de tres concejales en la sesión plenaria permitió el rechazo de los populares— y llegó a decir, sin pruebas, que había logrado abortar el mayor pelotazo urbanístico del Gobierno Arahuetes, amén de que, en opinión de los populares, no era necesario construir más viviendas en la ciudad. Sin embargo, en una reunión celebrada un mes después, en mayo del año pasado, entre los técnicos municipales, representantes de los tres grupos políticos y los promotores, los populares expresaron su voluntad de apoyar la modificación urbanística si se subsanaban los errores del documento y que habían detectado los propios técnicos, en un informe de más de 20 folios. Se podía haber aprobado el texto y luego corregirlo antes de su exposición pública, pero el PP defendió que «lo serio» era corregir primero los errores.
Fue en julio cuando, con un informe ya favorable de los técnicos y tras comprobar éstos que la voluntad favorable del PP se mantenía, el alcalde, Pedro Arahuetes, convocó la Comisión de Urbanismo. Pero los populares anunciaron que se iban a abstener en el dictamen, ante la falta de tiempo suficiente para verificar el nuevo documento. No obstante, dejaron entrever que en el pleno este voto se podría transformar en positivo. Esta actitud enfureció a Arahuetes, que retiró el asunto de la Comisión y, en consecuencia, del pleno convocado para el 30 de julio. La modificación se aprobaría un mes después, en la sesión del 3 septiembre.
