Un total de 131 viviendas están disponibles en toda Castilla y León para aquellas familias que no puedan procurarse un techo donde dormir a causa de un desahucio o por algún tipo de exclusión social. De ellas, la mayoría están en Palencia, provincia que cuenta con 37 vacantes, seguida de Zamora, con 29; León, con 24; Valladolid, con 17; Burgos, con 11; Segovia, con 8; Ávila, con 3, y Salamanca, con 2. En Soria no hay ninguna disponible para este tipo de necesidades.
Para acceder a estas casas, los futuros inquilinos deberán solicitarlo y, además, contar con el visto bueno y la aprobación de los Servicios Sociales regionales, quienes serán los encargados finales de determinar quién podrá entrar a vivir en ellas y durante cuánto tiempo.
Estos pisos son propiedad de la Junta de Castilla y León y su control depende de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, administración que dispone de un parque público de 11.416 viviendas protegidas.
Este parque responde a una de las prioridades del Gobierno regional que es garantizar la vivienda a las personas y familias residentes en la Comunidad. Del total, 10.189 están en período de amortización por sus futuros propietarios, quienes dispondrán plenamente de ellas cuando termine dicho tiempo, y otras 1.096 que están en régimen de alquiler y sus inquilinos satisfacen la renta mensual.
Las viviendas en venta abandonan el parque público conforme sus respectivos adjudicatarios van completando la amortización de su precio total, tras un período que se sitúa entre 20 y 30 años. En ese tiempo, los adjudicatarios de viviendas en venta deben pagar unos recibos mensuales que se sitúan en una media de 200 euros -el recibo más elevado de las promociones de Castilla y León es de 378,56 euros-.
126 euros de renta al mes
En las viviendas en régimen de alquiler, la renta mensual es el 3% del valor de la vivienda dividido entre 12, una cantidad que se aumenta cada dos años pero sólo un 50% del IPC aplicable. En este sentido, en la actualidad, la renta media de las viviendas en régimen de alquiler se sitúa en 56,06 euros y el recibo más elevado en Castilla y León es de 126,17 euros.
El acceso a este tipo de viviendas está controlado y, una vez que finaliza una promoción, se pone en marcha el proceso de selección de los adjudicatarios. Éste se celebra entre las personas inscritas en el registro de demandantes de viviendas protegidas que soliciten su adjudicación en el término municipal de cada promoción.
Estos demandantes están obligados a cumplir una serie de requisitos. Entre ellos hay unos económicos, no se puede superar un nivel de renta, pero también que la casa sea la primera que se tiene en propiedad y que se vaya a destinar a vivienda habitual. En el caso de que la demanda sea superior a la oferta, se procede a realizar un sorteo entre todos los demandantes.
Reparación
Una vez termina la adjudicación, se formalizan los correspondientes contratos y mes a mes los servicios territoriales gestionan la tramitación. Por su parte, en los servicios centrales de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente se supervisan los datos que se graban en los territoriales y se resuelven las dudas y conflictos que puedan plantearse.
Además, desde los servicios territoriales se realizan gestiones ante notarios, registradores, catastro, hacienda, comunidad de vecinos y cualquier actuación cotidiana en la vivienda. Los gastos de reparaciones y mantenimiento de las viviendas los asume la Junta de Castilla y León.
