Este es uno de los cambios normativos que se introducirán en la normativa castellanoleonesa a través de la Ley de Medidas Financieras que acompañará a la Ley del Presupuestos de la Comunidad para 2012 y cuyo anteproyecto ha sido analizado hoy en el Consejo de Gobierno de Castilla y León.
La consejera de Hacienda, Pilar del Olmo, ha enmarcado esta tasa en una política preventiva, ya que lo que se pretende es que los ciudadanos actúen de manera responsable cuando existan, por ejemplo, avisos de alerta meteorológica que desaconseje alguna práctica o que vayan pertrechados del equipamiento adecuado.
La Junta de Castilla y León confía en la función disuasoria de esta medida más que en su efecto recaudador, que según Del Olmo, no buscan, aunque la normativa detallará qué cantidad económica tendrá que abonar el usuario de los servicios de protección civil en cada caso.
Del Olmo ha remarcado que no se trata de pasar la factura del coste del servicio a los accidentados negligentes, ya que su cuantía sería «mucho mayor» que lo que se establece en la tasa, sino de concienciar a los ciudadanos del coste de estos servicios y de la necesidad de que estos medios de rescate estén listos para verdaderas situaciones de emergencia.
La consejera ha remarcado que existen «actuaciones o imprudentes» por parte de ciudadanos que «ocasionan cuantiosos dispendios a la Administración».
El control sobre la aplicación de esta tasa recaerá en la Consejería de Fomento, que actualmente es la competente en materia de Protección Civil.
