El presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, advirtió ayer de que solicitarán las bonificaciones empresariales a la contratación o la formación en caso de que sean buenas y no vulneren la caja única, pero en caso contrario recurrirán al Tribunal Constitucional porque en esa materia «no habrá término medio». El portavoz del Grupo Mixto, Joaquín Otero, preguntó al presidente si está dispuesto a pedir la competencia una vez que el Gobierno, tras el acuerdo con el PNV para el traspaso al País Vasco de esa materia, ha abierto la puerta al resto de las comunidades, aunque calificó de «batiburrillo» las opiniones que han ofrecido los distintos presidentes autonómicos
Herrera explicó que el 29 de septiembre se habían dirigido al Gobierno para pedir la reunión del Grupo de Trabajo de la Comisión Bilateral y conocer información de lo que puede suponer ese traspaso. «Después se verá si beneficia a Castilla y León. «Lo más prudente es pedir información porque no se ha explicado la letra pequeña del acuerdo», añadió.
Después de considerar que «hay gato encerrado» sobre la constitucionalidad de este traspaso, advirtió de que «no habrá término medio» por parte de la Junta y subrayó que o bien pedirán el traspaso, en caso de que no se vulnere la caja única y sea bueno para la Comunidad, o recurrirán. El presidente leyó después una frase sobre la doctrina del Constitucional en el sentido de que las bonificaciones implican el régimen de la Seguridad Social y afectan, según el alto tribunal, a la caja única, de manera que remarcó que van a estar «muy atentos» y no van a aceptar «milongas».
«Juerga de un Gobierno». Después de escuchar la intervención de Otero, en el sentido de las posiciones de las comunidades o de que el secretario de Estado de Cooperación, Gaspar Zarrías, abriera ese camino y la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, lo haya rechazado, Herrera calificó de «juerga de un Gobierno en caída libre» las escenas que se han producido sobre esta materia.
Así, recordó que ningún gobierno había aprobado la cesión de las cuotas empresariales ligadas a las políticas de empleo, competencia que si tienen casi todas las comunidades, excepto el País Vasco, porque vincula ese traspaso a las bonificaciones.
Otero también aseguró que el País Vasco recibe más fondos de las políticas activas de empleo cuando es la autonomía con una de las tasas de paro más bajas de España. Herrera respondió que la Junta recibe 167 millones de las políticas activas de empleo y el Gobierno vasco con 380 millones.
Por último, Otero reclamó a Herrera que si acepta esa competencia introduzca algunas variables, entre las que se refirió al número de personas en paro. De hecho, compartió que recurra ese traspaso si sólo se da al País Vasco.
