La Junta de Castilla y León no ve como rechazo o que se este en contra del modelo de ordenación territorial las 780 alegaciones presentadas por diputaciones, ayuntamientos, mancomunidades y entidades locales mejores a este plan que ha abierto a debate y que se configura como una de las prioridades de esta legislatura, que se materializará como un ley en las Cortes antes de que termine el año.
El consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez, ofreció hoy este número, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, una vez que el pasado jueves se cerró el plazo de información pública del anteproyecto. “Se va a contestar a todas”, afirmó, para añadir que las propuestas les han “enriquecido”, incluso las más críticas.
“Estamos satisfechos del proceso de información y de las alegaciones recibidas, entendemos que no chocan con el modelo, no lo vivimos como un rechazo o como estar en contra del modelo”, argumentó el consejero de la Presidencia, a quien el presidente de la Junta ha encargo este proyecto y la negociación para que se apruebe con el mayor acuerdo posible.
De Santiago-Juárez dividió en bloques las alegaciones recibidas y enumeró que algunas rechazan la reforma de la ley estatal por entender que vulnera la autonomía local y otras no están de acuerdo con los distritos -nominación inicial propuesta por la Junta para la ordenación territorial- porque ven nuevas estructuras y un paso previo a la supresión de municipios.
La falta de memoria económica, reforzar el papel de las diputaciones, la financiación local, el rechazo a ejecutar competencias impropias, el rechazo a la desaparición de las entidades locales menores, la clarificación de la voluntariedad para asociarse en los distritos o acompasar el proyecto de la Junta a la reforma de la ley de Bases de Régimen Local componen el contenido de las alegaciones.
La Junta de Castilla y León ratificó, el pasado lunes, que remitirá a las Cortes antes de que termine el año el proyecto de ley de Ordenación, Servicios y Gobierno en el Territorio, aunque el Gobierno no haya aprobado el suyo, si bien en ese caso la normativa autonómica iría preparada para acomodarse a la estatal.
