El consejero de Justicia e Interior de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, manifestó su rechazo al ultimátum establecido por el Gobierno para culminar las transferencias de Justicia antes del 30 de junio. Fernández Mañueco aseguró que lleva mucho tiempo detrás de este proceso, pero «andar poniendo ultimatums en negociaciones no facilita las cosas».
Estas declaraciones las hizo con motivo de su visita a Burgos, donde acudió para presentar oficialmente al nuevo director de Justicia del Gobierno regional, Clemente Pita, al presidente del TSJ, José Luis Concepción. Este encuentro también sirvió para tratar diversos aspectos comunes entre la Junta y el Tribunal basados, principalmente, en aspectos formativos.
El consejero de Justicia espera que el requerimiento para cerrar la transferencia, no se lleve acabo porque todavía hay «muchas incógnitas sin aclarar». Mañueco recordó que quedan muchos flecos sueltos como conocer los recursos económicos que se deben destinar al pago de los trabajadores de la administración competente, así como los acuerdos sindicales que existen con estos empleados.
Además, reiteró la intención de la Junta de asumir las competencias, pero «no a cualquier precio». Mañueco echó en cara al Ministerio que no haya aclarado muchas incógnitas sobre este tema. Sin embargo, determinó que la Consejería de Hacienda es el órgano encargado de llevar a cabo este proceso y que «en los próximos días convocará la sección de Castilla y León de la Comisión Mixta de Transferencias».
El consejero de Justicia insistió en la necesidad de tratar aspectos «fundamentales» como la creación de órganos judiciales o modernizar la administración. Respecto a este última puntualización, Mañueco explicó que «todavía existen muchas incógnitas sobre el coste de la nueva oficina judicial».
Por último, su visita fue aprovechada para destacar «el alto nivel de profesionalidad que hay entre los miembros de la carrera judicial y de todas las personas vinculadas con la justicia en nuestra región». «Sin duda estamos en las mejores manos en todos los cuerpos al servicio de la Administración de Justicia. El capital humano de Castilla y León está entre los mejores de todas la comunidades autónomas de España».
El Ejecutivo atunómico ya se ha manifestado en repetidas ocasiones, e incluso rechazó públicamente los 119 millones que el Gobierno central ofreció para hacer efectiva la transferencia, por ser claramente insuficiente. Desde la Junta se argumentó esta decisión en que una competencia mal transferida, con déficit obligaría a sustraer dinero de otras áreas como la sanidad, la educación o las políticas de empleo.
