La Junta de Castilla y León quiere implicar a las entidades locales en la futura Ley de Transparencia y Gobierno Abierto, cuya elaboración contará con las aportaciones de los ciudadanos, quienes podrán realizar sus propuestas y sugerencias en el mes de mayo cuando el primer borrador esté colgado en el espacio de participación del Gobierno Abierto.
El consejero de la Presidencia y portavoz de la Junta, José Antonio de Santiago-Juárez, explicó el proceso y los pasos de su departamento para la elaboración del proyecto de ley de Transparencia, un objetivo de legislatura que prevé enviar a las Cortes a finales de julio, y presentó un balance del primer año de funcionamiento del Gobierno Abierto.
Precisamente, el «esqueleto» de la nueva ley se elaborará tras una jornada, que tendrá lugar en abril, a la que se invitará a las comunidades más avanzadas en gobiernos abiertos, como País Vasco y Navarra, a representantes del Gobierno central, a los grupos políticos de las Cortes y a entidades y asociaciones para que realicen aportaciones, que formarán parte del «esqueleto» de la futura ley.
Los ejes del texto serán la participación, cooperación y transparencia, en los que el Ejecutivo quiere implicar a las corporaciones locales. «Queremos impregnar de esta filosofia al mundo local, que deberían tener una ventana en el gobierno abierto», afirmó.
De Santiago-Juárez destacó que el proyecto dará rango y, por tanto, estabilidad a lo que ahora se aplica como acuerdos del Consejo de Gobierno, en referencia a los principios de cooperación, participación y transparencia del Gobierno Abierto, que en su primer año de vida ha sometido a la valoración de los ciudadanos diez anteproyectos de ley, 14 proyectos de decreto, tres planes, un libro blanco y el proyecto de demarcaciones de salud pública.
La publicación de los bienes patrimoniales de los miembros del Gobierno, que ya hicieron públicos el presidente de la Junta y los consejeros en la web del Gobierno Abierto, tendrán rango legal en el proyecto.
El Ejecutivo autonómico no solo pretende ofrecer al ciudadano una Administración más abierta, sino que también se marca como finalidad que las entidades locales avancen en este sentido y sigan el mismo camino beneficiándose de la experiencia y del apoyo de la Junta de Castilla y León, destacó De Santiago-Juárez.
Entre las líneas para este año, informó de la convocatoria de un concurso de Datos Abiertos para potenciar su uso generando valor añadido a empresas y ciudadanos, que además sirva como ejemplo para nuevos servicios y aplicaciones.
La formación de los empleados públicos de la Junta en esta materia será otra de las acciones previstas para este año, y por ello se han incluido contenidos formativos relacionados con Gobierno Abierto en el Plan de Formación 2013 de la Eclap.
En este primer año se han recibido más de 16.500 visitas de 10.500 visitantes únicos, que han aportado 140 ideas y 81 comentarios y los documentos expuestos se han descargado en 7.800 ocasiones.
Luz verde al decreto que avanza en la libertad de centro con el distrito único.- El Consejo de Gobierno aprobó el proyecto de decreto que regulará el proceso de admisión del alumnado en los centros sostenidos con fondos públicos de Castilla y León. Con esta nueva ordenación, se pretende avanzar en el derecho a la libre elección de centro y un único trámite de admisión.
Entre las novedades, según el portavoz, José Antonio de Santiago-Juárez, están la supresión de la imposición de impartir al menos dos de las modalidades de Bachillerato en los centros que tengan esta etapa educativa y la unión de los procesos de admisión hasta ahora existentes, la reserva de plaza y la elección de centro.
Según la Junta, se pretende impulsar la libre elección de centro con la redefinición de las antiguas zonas de influencia como unidades territoriales de admisión, cuya extensión normal tenderá a coincidir con los límites municipales.
Con la nueva regulación, el alumno sólo tendrá que concurrir una única vez y por ello tendrá que presentar una única solicitud. Además, la participación en el proceso de admisión requerirá el conocimiento y el compromiso de aceptación por parte de los solicitantes, del proyecto educativo, del reglamento de régimen interior y, en su caso, del compromiso pedagógico o carácter propio de los centros, ya sean de titularidad pública o privada si están sostenidos con fondos públicos.
Una vez aprobado este decreto, está prevista la publicación en la segunda quincena del mes de marzo de la Orden de desarrollo.
