El consejero de la Presidencia y portavoz de la Junta, José Antonio de Santiago-Juárez, mostró ayer al Gobierno central el malestar del Ejecutivo autonómico por las «infinitas pegas» que están surgiendo en torno al proceso de transferencia de la gestión del Duero a la Comunidad. Unas «trabas» que están impidiendo que el proceso de negociación comience pese a que el Ejecutivo central tiene desde enero de 2009 una propuesta para delimitar el ámbito funcional y de servicios que conllevaría la citada transferencia.
«El proceso está absolutamente bloqueado. En realidad, está en una fase previa al bloqueo porque para que haya bloqueo es necesario que se haya iniciado un proceso de negociación que todavía no ha comenzado», subrayó de Santiago-Juárez, que utilizó una imagen muy deportiva para explicar en qué punto se encuentra la situación: «No nos dejan ni poner el chándal».
El traspaso competencial del marco legislativo y de la gestión de los recursos y aprovechamientos de las aguas de la cuenca del Duero ocupó buena parte de la reunión que el consejero de Presidencia mantuvo ayer con el secretario de Estado de Cooperación Territorial, Gaspar Zarrías, en el marco de la Comisión Bilateral Estado-Comunidad Autónoma.
La intranquilidad de la Junta no es compartida por el secretario de Estado de Cooperación Territorial, que aseguró que no habrá que esperar ocho años para cerrar el traspaso del Duero, tiempo que vienen durando las negociaciones para las competencias de Justicia. «El Gobierno tiene claro que éste es un precepto incluido en el Estatuto de Castilla y León, por lo que el objetivo es que el traspaso se produzca en el menor tiempo posible, una vez que salven algunos escollos», aseguró Zarrías.
Éste no fue el único desencuentro en la reunión, que comenzó con la aprobación del reglamento de funcionamiento de la propia Comisión y con la decisión de crear dentro de la misma una cuarta subcomisión dedicada a asuntos europeos y acción exterior.
Otra de las discrepancias llegó con el informe del Gobierno en el que se analizan las relaciones entre la Administración del Estado y la Comunidad, en el que se afirma que el Ejecutivo central cumple con el Estatuto de Autonomía en materia de infraestructuras. «El Estatuto dice que las inversiones en infraestructuras del Estado deberán tener en cuenta de forma prioritaria la extensión territorial y con los datos que tenemos en la mano no se cumple», aseguró por su parte el consejero. Pero en la reunión no sólo hubo puntos de desencuentro, ya que fue el marco para firmar el reparto de fondos del Plan Plurianual de Convergencia de Interior. «El acuerdo, que nace de un compromiso del presidente Zapatero con el presidente Herrera, surge de la colaboración y de la oposición constructiva del PSOE en Castilla y León», concluyó Zarrías.
