La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta, Milagros Marcos, y el consejero de Sanidad, Antonio María Sáez, pidieron ayer a la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, que su departamento «asuma el liderazgo que durante los últimos años se ha echado en falta» y, en coordinación con las comunidades autónomas, aborde asuntos de especial trascendencia y a los «que hay dar solución como son el pago de la deuda sanitaria y la financiación para el desarrollo y aplicación de la Ley de Dependencia». Además, propusieron emitir títulos de deuda, avalados por el Gobierno central y las comunidades, para pagar la deuda sanitaria.
«La única forma de no tener 17 sistemas de atención a las personas por sanidad o por dependencia, el único modo de que no haya 17 modelos de gestión, 17 modelos retributivos o 17 formas de computar el patrimonio o las rentas es que haya un Gobierno central potente y comprometido con las personas», explicó Marcos a la salida de una reunión entre Mato y los responsables autonómicos que tuvo lugar en la sede del Ministerio y que se prolongó por espacio de una hora.
Este papel central del Gobierno en ningún caso supondría, según Sáez, «una renuncia de competencias o una recentralización de competencias». «Se trata -explicó- de que cada uno cumpla con su papel: el Estado que cohesione el sistema y las comunidades que lo gestionen».
En materia sanitaria, el consejero de Sanidad trasladó a la ministra una iniciativa que la Junta ya estudia con la patronal farmacéutica, Farmaindustria, y con una entidad de análisis financiero para acabar con la deuda sanitaria que en Castilla y León asciende a 534 millones de euros. La propuesta pasa por emitir títulos de deuda, avalados por el Gobierno central y las comunidades, lo que permitiría a los gobiernos autonómicos acabar con el problema y retribuir las facturas pendientes con los acreedores en un plazo de «tres o cuatro años». Los títulos que se emitieran, al tratarse de deuda comercial, no supondrían un aumento del déficit público, según remarcó.
Por lo que se refiere a la aplicación de la Ley de Dependencia, la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades trasladó a Mato «la preocupación y el interés que tiene Castilla y León en seguir avanzando en materia de políticas sociales». «Desde Castilla y León hemos sido ágiles en la gestión y cumplidores en los compromisos que marcaba la Ley, pero hemos echado en falta la financiación necesaria y comprometida. Por eso, creemos necesario que se haga un análisis de los mecanismos de gestión que se están aplicando en las comunidades autónomas y que se garantice la atención a las personas dependientes», explicó Marcos.
