El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León ha aprobado esta semana un Plan de Enajenación del Patrimonio Inmobiliario, que pondrá en el mercado 89 bienes propiedad de la Administración autonómica y situados en la provincia de Segovia, del total de 1.671 con los que cuenta en la Comunidad. Están valorados en 2,2 millones de euros aunque en toda Castilla y León la estimación del valor conjunto asciende a 254,2 millones. Se trata de suelo industrial y urbano, fincas rústicas, parcelas de reemplazo de vías pecuarias, viviendas, locales, garajes y otros inmuebles.
El objetivo de este ambicioso programa de actuación es triple. Por un lado, persigue que el patrimonio de la Comunidad se encuentre en pleno uso, lo que implica reducir al mínimo los bienes que carecen de destino público. Para ello contempla, en segundo lugar, la venta o alquiler de edificios y terrenos de modo que generen ingresos directos para las arcas autonómicas pero también indirectos, puesto que fruto de la transacción se reducirán los gastos tributarios y los asociados al mantenimiento. Por último, pretende favorecer el establecimiento de empresas en Castilla y León, lo que contribuirá a la creación de empleo o su mantenimiento y por tanto a fijar y atraer población.
Así lo señaló la Consejería de Hacienda en una nota de prensa en la que recalca que entre los inmuebles susceptibles de ser enajenados no figuran viviendas de protección oficial, edificios administrativos ocupados ni Bienes de Interés Cultural (BIC). De hecho, para poner en valor los BIC que se encuentran en desuso existen otras fórmulas de explotación patrimonial que ya se han ensayado ya con éxito en la antigua Universidad de Santa Catalina de El Burgo de Osma, en Soria, transformada en un moderno balneario de agua termal que ha reactivado la actividad económica en la zona.
El Plan de Enajenación de Inmuebles no es un instrumento cerrado, sino flexible y dinámico. Esto implica la posibilidad tanto de incorporar bienes a la lista original, como de excluirlos si se opta porque permanezcan en manos de la Comunidad o resulta imposible realizar alguna de las operaciones previstas. En este sentido, se contemplan distintos tipos de procedimiento, fundamentalmente enajenaciones onerosas, permutas, cesiones gratuitas y arrendamientos.
El impulso y cumplimiento del plan corresponde a un grupo de trabajo formado por representantes de tres consejerías y tres entes institucionales de la Junta con atribuciones en el área de patrimonio, que se encargarán de diseñar los criterios de actuación sobre los inmuebles susceptibles de enajenación y evaluar los resultados.
