La portavoz de la Junta de Castilla y León, Milagros Marcos, aclaró que el interés del Gobierno autonómico no es poner un impuesto para gravar el desmantelamiento de la central nuclear de Santa María de Garoña, ubicado en el Valle de Tobalina, en Burgos, ya que su principal deseo es que se mantenga la actividad del reactor y los mil empleos que genera.
Tras recordar que la Junta de Castilla y León tiene capacidad normativa y regulatoria para implantar el impuesto anunciado por la consejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo, el pasado martes por el impacto ambiental del desmantelamiento, Marcos ha insistido en que el interés del Gobierno de Juan Vicente Herrera es que la central nuclear de Santa María de Garoña recupere la actividad por su capacidad de creación de empleo.
Marcos aprovechó la ocasión para hacer un llamamiento para que se acabe ya lo que consideró una “ceremonia de la confusión” en torno al futuro de la central nuclear burgalesa en los últimos meses.
“Alguien tendrá que explicar que en un momento determinado se plantea precisamente que se vuelva a estudiar la seguridad de la planta y, en un momento determinado, desaparezca, se escinda o piense otra cosa”, reclamó la portavoz para quien no tiene “mucha consistencia” que uno de los socios de Nuclenor diga que es viable (en referencia a Endesa) y otro diga que no (en este caso Iberdrola).
