La consejera de Agricultura, Silvia Clemente, pidió ayer a la empresa Azucarera, propiedad de AB Sugar, que remunere el coste de la producción de remolacha en la Comunidad, la principal productora de España, como ocurre en otros países de la UE, como Francia, Italia, Alemania y Holanda, tras la eliminación de la ayuda autonómica de tres euros por tonelada debido a la reducción de un 17% en los presupuestos de su departamento para este año.
Al término de la reunión de la comisión sectorial para el cultivo de la remolacha, Clemente argumentó que la fase de transición originada a raíz de la reforma de la OMC del azúcar de 2006 está superada, por lo que este gasto público, acordado en 2008, «tiene que dejar de realizarse». «Son las industrias las que en este momento tienen que dar un paso al frente de forma decidida. Acor y, sobre todo, Azucarera para remunerar el coste de producción de remolacha», añadió la consejera, quien recordó que la primera «ya está pagando retornos a los socios».
Estos incentivos o bonificaciones podrían pasar, como ocurre en otros países del entorno, por incentivos a la siembra, por pulpa, bonos de fidelidad, primas por retrasos en las entregas, prima a la calidad, o referenciar el precio del cultivo al de otros, como el trigo.
Para Clemente, esta remuneración «es algo imprescindible por parte de Azucarera» y se tiene que traducir «en la fórmula de pagar un complemento». «La situación internacional lo permite. Es rentable producir azúcar porque los precios en el mercado europeo están muy por encima del precio de referencia establecido, 710 euros por tonelada de azúcar blanco frente a 400, y los productores tienen que percibir también el beneficio de un mayor precio», recalcó.
Por su parte, AB Sugar sostuvo, en palabras de la consejera, que «todos los costes no son iguales y que las producciones son distintas en otros países». Al respecto, la responsable de Agricultura matizó que «los costes de producción en otros países son ínfimamente más pequeños que en Castilla y León porque aquí hay un coste del regadío, compensado con una alta producción». Asimismo, recordó que en la Comunidad ha habido un esfuerzo de profesionalización que «tiene que dar lugar a un incentivo». «La industria tiene que ser como cualquier otra que tiene que comprar materia prima. Azucarera se lo tiene que plantear así, como la industria quesera compra leche. Hay que pagar cubriendo costes de producción y haciendo rentable el cultivo», reiteró.
Sobre la anunciada intención de UPA y COAG de llevar a la Junta a los tribunales por la vulneración del acuerdo suscrito en 2008, que incluía el pago de los citados tres euros por tonelada de remolacha, Silvia Clemente insistió en que la desaparición de la ayuda está «fundamentada desde un punto de vista legal» y que ya se han «comenzado a dar todos los pasos necesarios de modificación de todas las normas en las que aparece la ayuda», como el Plan Integral Agrario o la suspensión de la convocatoria de esta norma, acciones todas encaminadas a normalizar la falta de apoyo de esta ayuda». «Estamos legitimados para hacerlo y, en todo caso, la posibilidad de acudir a los tribunales la tiene cualquier ciudadano y, por tanto, también UPA y COAG», dijo.
Puerta abierta.- La empresa Azucarera aseguró ayer que mantendrá el compromiso con sus cultivadores a fin de «desarrollar acuerdos industriales con efecto a partir del 2014», fecha del fin de la vigencia del acuerdo de 2008 que cubría las ayudas derivadas de la reestructuración de 2006.
Estas negociaciones se llevarán a cabo «en el marco de los acuerdos interprofesionales» y reconocerán «dos hechos imprescindibles a largo plazo», «la necesidad de contar con una industria productora de azúcar de remolacha competitiva y sostenible en España» y que «los agricultores obtengan unos ingresos estables y satisfactorios a medio y largo plazo». En las próximas semanas se darán a conocer una serie de medidas que comenzaran a aplicarse en octubre.
