El vicepresidente segundo y consejero de Economía y Empleo, Tomás Villanueva, anunció ayer que la Junta no pondrá en marcha la ayuda de 350 euros vinculada a la formación que sustituirá a los 426 euros que reciben los parados de larga duración si el Ejecutivo no financia la medida con una partida extraordinaria que evite que el esfuerzo presupuestario recaiga en las comunidades autónomas. Esta nueva prestación será aprobada con toda probabilidad por el Gobierno en el Consejo de Ministros del viernes.
«Las Cortes ya han aprobado los presupuestos de 2011 que están ajustados para que el déficit no supere el 1,3 por ciento del PIB, objetivo que para la Junta es prioritario porque es lo que necesita este país: transparencia y claridad ante los mercados internacionales», subrayó el consejero, quien lamentó que en la sectorial de Empleo y Asuntos Sociales en la que el Gobierno informó a las comunidades sobre los cambios que sufrirán las políticas activas de empleo, el ministro haya sido incapaz de concretar la partida para su aplicación.
En este sentido, el ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, explicó posteriormente en rueda de prensa que los fondos del plan de choque no requerirán fondos adicionales sino que saldrán de «ahorros de las políticas de estímulo al empleo, reorientación de otros programas de políticas activas y de adelantos del Fondo Social».
Sin embargo, Villanueva argumentó que el nuevo plan se ha gestado desde la «improvisación, llega tarde y es insuficiente» y, por si fuera poco, está generando «falsas expectativas» entre un colectivo que lo está pasando muy mal. Por este motivo explicó que Castilla y León tiene ya un programa «consensuado» con los agentes sociales y económicos «al que dará cumplimiento». «Lo hemos pactado para cumplirlo, pero lo que no podemos hacer es que, como consecuencia de acuerdos sobrevenidos de otras administraciones no lo podamos cumplir».
Pero el desencuentro con el Gobierno no sólo se limitó a la reducción de la ayuda a los desempleados, sino también al documento que define las reformas de las políticas activas de empleo. «Estamos a punto de perder la oportunidad de hacer una reforma integral de los servicios públicos de empleo y de las políticas activas», subrayó Villanueva, que entiende que las nuevas medidas no tienen la «flexibilidad suficiente» para que puedan adaptarse a las necesidades autonómicas.
Asimismo, señaló que el documento parte del error de pensar que lo peor de la crisis ha pasado. «No es verdad. Por eso, las medidas deben dar solución al desempleo», destacó Villanueva quien echó de menos un «programa concreto» que debe tener claro las áreas a las que se debe dirigir, qué objetivos debe cumplir y en qué plazo. Asimismo, consideró vital definir el coste de la nueva estrategia sobre el empleo, que calificó de «poco novedosa».
