El Ejecutivo autonómico pretende dar una respuesta urgente a las situaciones de extrema dificultad provocadas por la crisis económica. Así, ultima un plan de vivienda, con vigencia hasta verano de 2015, con una amplia batería de medidas «innovadoras» en campos como el fomento del alquiler y el régimen de las viviendas de protección pública y que tendrá un claro perfil social. Esta nueva norma, que anunció el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, durante el último debate sobre política general, incidirá sobre cuatro ejes con los que hacer frente a los problemas sociales vinculados con la vivienda.
Fuentes de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente explicaron que esta ley recogerá también el nuevo Programa de Fomento del Alquiler, que la Junta tenía previsto poner en marcha en los próximos meses y que suponía la fusión de la Bolsa de Alquiler para Jóvenes y el Revival (Reserva de Vivencias Vacías para el Alquiler).
El Gobierno regional ha decido incluir en el nuevo plan urgente en materia de vivienda la regulación de este programa para que tenga un mayor perfil social con el fin de atender situaciones derivadas de procesos de desahucios o impagos. Ofrecerá intermediación entre inquilinos y propietarios y estará dedicado a las rentas más bajas, ya que fija unos límites al alquiler. Además, incluirá tanto viviendas libres, como de protección pública.
Para ello, el Ejecutivo autonómcio reservará el 30 por ciento de las viviendas de titularidad pública, tanto de la Junta, como de los ayuntamientos, para crear un parque que le permita dar un techo a personas o familias que se queden sin su vivienda o no puedan comprar o alquilar una casa en el mercado libre.
Otro de las vías en las que incidirá la nueva política de vivienda, que tendrá un carácter coyuntural, se centra en las viviendas de titularidad pública. El objetivo que se marca la Junta es conseguir movilizar todas las que tienen las administraciones públicas. Esto supondrá, según la Junta, un «gran sacrificio patrimonial», que se justifica ante la necesidad de contar con herramientas que permitan que nadie se quede sin una vivienda.
Respecto a las viviendas de protección y promoción privada, la Junta quiere ofrecer soluciones temporales al ‘stock’ generado por la caída de las ventas y establecerá límites para que en el futuro se construyan solo las que sean necesarias. En estos casos, la Junta prevé suprimir la exigencia de devolver las ayudas en caso de ejecución hipotecaria o dación en pago. También, autorizará la ampliación del periodo de amortización y flexibilizará los requisitos a adquirentes y arrendatarios.
Fomento pretende regular en la ley la concesión de moratorias en el pago de las cuotas de alquiler o la compra de las viviendas de protección que pertenecen a la Junta, así como la reserva de las que estén desocupadas para aquellos que estén en riesgo de exclusión social.
En general, esta ley, que se aprobará por decreto, pretende simplificar la calificación de las viviendas y los procesos de selección de adjudicatarios, incluyendo entre los colectivos de especial protección a quienes estén en riesgo de desahucio, a aquellos que ocupen casas en ruina, así como a todas aquellas familias con todos sus miembros en paro.
