La futura ley de igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad movilizará 155 millones al año de los presupuestos de la Junta para poner en marcha una doble estrategia que lucha contra la discriminación y promueva la accesibilidad universal. Para ello, se ejecutará un plan estratégico que guiará las actuaciones y que estarán marcadas por la transversalidad.
La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Milagros Marcos, explicó ayer que el Consejo de Gobierno aprobó este proyecto de ley que será remitido hoy a las Cortes para que inicie su tramitación parlamentaria a partir del próximo periodo de sesiones, que comenzará en septiembre. De esta forma, se cumple el compromiso de legislatura asumido por la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades. El texto legal garantiza acciones positivas para que este colectivo logre hacer efectivo su derecho a la igualdad. Este anteproyecto de ley, aprobado por el Consejo de Gobierno, amplía el concepto de persona con discapacidad a las familias y a las personas en riesgo de serlo, al tiempo que, según Marcos, da al tercer sector «una vuelta de tuerca» y afianza y exige su participación en todos los órganos relacionados con este colectivo.
Entre las principales ventajas de esta nueva normativa, la consejera incidió en que ofrece la garantía de atención individualizada con proyectos de inserción y autonomía personal. Además, incluye la garantía de derecho para todas las personas con discapacidad a través de medidas que le permitan ejercer esa igualdad de oportunidades. Por último, permite la participación y colaboración del tercer sector en la atención a este colectivo.
Este texto legal ofrecerá una ley «integral y transversal» a las más de 161.000 personas con discapacidad que residen en Castilla y León -el 6,3 por ciento de la población castellana y leonesa-, sus familias y aquellas personas en riesgo de padecerla. Requerirá de un desembolso anual de 119,4 millones de Familia; 21,4 millones de Economía y Empleo; 9,3, de Sanidad; cuatro, de Educación, y 0,9, del resto de departamentos del Gobierno autonómico.
Para ello, establece una doble estrategia de intervención. Por un lado, se luchará contra la discriminación y por la accesibilidad universal y, por otro, se fijará una política transversal en materia de discapacidad. De esta manera, se desarrollarán medidas específicas en nueve áreas de actuación: salud, educación y formación, empleo e inserción laboral, servicios sociales, cultura, deporte, turismo, ocio y medio ambiente.
La Junta ha apoyado desde 2007 a 2011 la creación de 921 puestos de trabajo para personas con discapacidad. Además, la Comunidad dispone de una red para personas con discapacidad formada por 489 centros -308 residencias y viviendas y 181 centros ocupacionales y de día- que ofrecen 14.437 plazas -5.924 en residencias y 8.513 en centros ocupacionales y de día-. Esta oferta se ha incrementado en un 21 por ciento respecto a 2007, es decir 2.519 plazas más, 1.032 en residencias y 1.487 en centros ocupacionales o de día.
