El Consejo de Gobierno aprobó ayer el acuerdo marco que regula la cofinanciación para 2010 de los servicios sociales y prestaciones sociales básicas de las entidades locales, y que prevé 99,47 millones de euros en subvenciones, según explicó el consejero de la Presidencia y portavoz de la Junta, José Antonio de Santiago Juárez.
El acuerdo marco regula las bases y criterios para la financiación de los servicios sociales que prestan las corporaciones locales (diputaciones provinciales y ayuntamientos de más de 20.000 habitantes). La Junta ha financiado desde 2003 con con más de 588 millones de euros a través de este instrumento.
Las subvenciones aprobadas se destinarán a las áreas de servicios sociales básicas, a otras actuaciones destinadas a las personas en situación de dependencia, a proyectos pilotos para la atención a la dependencia, a la acción social, a la inclusión social, a la protección a la infancia y a las personas con discapacidad.
En concreto, al área de servicios sociales básicos se destinarán 82,83 millones, de los que más de 21 millones serán para financiar los 663 miembros del personal técnico que prestan sus servicios en los 189 Ceas.
Otros 56,4 millones se dedicarán al servicio de ayuda a domicilio, cuya previsión de usuarios para 2010 es de 28.000. Uno de los objetivos de la Junta era incrementar la cobertura de este servicio durante la legislatura en un 45 por ciento, hasta alcanzar la cifra de 25.000 usuarios, compromiso que se ha superado. Los cinco restantes se destinarán a otros capítulos.
Dependencia. Al área de actuaciones destinadas a personas dependientes se dedican 3,78 millones, que incluye ayudas para cuidadores, mantenimiento de plazas residenciales y centros de día, financiación de estancias temporales en centros residenciales para personas mayores, estudios de funcionamiento de centros y formación de cuidadores.
Además, la financiación del servicio de teleasistencia supera el millón para atender a más de 34.390 personas. Con ello se ha cumplido otro compromiso de la Junta, incrementar en un 40 por ciento el número de usuarios.
Para la inclusión social, la ayuda alcanza los 3,79 millones, con los que se financiarán programas en los que participarán más de 8.400 personas en riesgo de exclusión social.
El presupuesto de protección a la infancia es de 5,82 millones, que se destinarán a apoyar un gran número de actuaciones para atender a los menores y adolescentes, y apoyar a familias.
Otros 2,13 millones irá a apoyar centros y programas para personas con discapacidad.
