Tras el baile de números de las últimas semanas, la Junta de Andalucía reconoció ayer la magnitud del escándalo de los ERE, y cifró en 146 los casos irregulares detectados en los ERE financiados por la Administración regional, un asunto por el que la oposición apuntó a la responsabilidad política del actual presidente, José Antonio Griñán, al que reclamó que permita una comisión investigadora.
El consejero de Empleo, Manuel Recio, compareció para informar, a petición propia, de los resultados de la investigación sobre las irregularidades en los expedientes subvencionados con fondos públicos. Allí, elevó a 146 los casos, ya que, según precisó, se han analizado los datos de 64 empresas, de las que 32 presentan 146 irregularidades.
Un total de 59 episodios (1,12 por ciento) son «ajenos a las compañías, es decir, son los llamados presuntos intrusos, mientras hay 87 que se consideran «discrepancias administrativas», es decir trabajadores que sí tienen vinculación laboral con la firma, pero sobre los que los funcionarios que han llevado la investigación interna «no tiene total certeza».
Aún están pendientes de analizar 290 expedientes de cuatro compañías, una labor que terminará en breve, y toda la documentación ha sido remitida al juzgado que investiga el caso.
Tras el detalle de estos datos, el titular de Empleo anunció el inminente cambio en la normativa para conceder las ayudas a las sociedades en crisis y a trabajadores afectados por los ERE.
El consejero defendió la labor de sus antecesores en el cargo al sostener que hicieron «lo mejor que sabían hacer en unas circunstancias y sobre una política sociolaboral de la Junta que ha permitido el apoyo a trabajadores y empresas en crisis». También se refirió al informe de la Intervención General de la Junta de 2005 que expresó su «disconformidad por inadecuado» con el procedimiento de concesión de las ayudas, lo que -en su opinión- «no implica irregularidad o procedimiento ilícito», y calificó el informe de «contradictorio».
Inquisición
El texto se realizó siendo Griñán consejero de Economía y Hacienda, y provocó que el PP llegara a decir en varias ocasiones que el actual regidor «conocía y tapó» las irregularidades, extremo que rechazó tajantemente Recio, que acusó a los populares de «perseguir a socialistas al estilo de la Inquisición, en lugar de buscar la verdad». Aunque ésta es que el escándalo podría derivar en un desfalco de 700 millones de euros.
Por su parte, el diputado del PP-A, Antonio Sanz, no dudó en señalar que el cambio de procedimiento para la concesión de estas ayudas «responsabiliza» directamente a Griñán y a su predecesor, Manuel Chaves, para quienes pidió su dimisión (IU no fue más allá y se limitó a pedir una investigación). «Modifican el proceso porque le hemos pillado con las manos en la masa. Esto supone acusar a Griñán de negligencia, consentimiento y participación en la irregularidades», sentenció.
Además, según afirmó, la situación de Recio es «insostenible» porque cada vez que comparece «se duplica» el número de fraudes.
