Castilla y León sigue dando pasos para conseguir una administración ‘sin papeles’ como el logrado ayer tras el convenio firmado con el Gobierno central que permitirá implantar el servicio ORVE. A través de él, los ciudadanos podrán presentar y enviar al instante su documentación desde cualquier registro público.
Esta aplicación puede llegar a suponer un ahorro de 800.000 euros al año y su implantación fue rubricada por el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta; la consejera de Hacienda, Pilar del Olmo, y el consejero de Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez.
Beteta señaló que con el convenio “se pone a disposición de Castilla y León los programas informáticos y documentos de los que dispone la Administración General del Estado y con ello se garantiza un uso en común de todas las autonomías”.
Apuntó, además, que “garantiza eficacia, eficiencia y ahorro en los gastos, sin que exista minoración del servicio”, al tiempo que manifestó que sirve para “romper esa brecha que había que favorecía más a quien vivía en una gran ciudad, y tenía perjuicio para quien vivía en un pequeño municipio, que ahora con internet hace que todos los ciudadanos estén a la misma distancia de las administraciones públicas”.
Integración
Por su parte, la consejera de Hacienda explicó que a partir de ahora se hace efectiva la integración electrónica de los registros del Gobierno de España, la Junta y las nueve diputaciones provinciales y municipios de la Comunidad. Esto supone que cualquiera de ellos se podrá utilizar para remitir documentación a las cuatro administraciones con total garantía de que llegará a su destino.
Así, el escrito que entregue el ciudadano en cualquier registro de la Comunidad se escanea y la copia electrónica resultante se envía telemáticamente en ese mismo momento. Ese proceso tiene plena validez jurídica, porque cuenta con la seguridad que aporta la firma digital y al mismo tiempo permite devolver los originales de los documentos a la persona que los registra.
Con la implantación de este sistema se evitará que los ciudadanos de la Comunidad tengan que acudir obligatoriamente a las dependencias de la administración concreta con la que quieran relacionarse.
La implantación de la Oficina Virtual de Registro también tiene beneficios para la administración. El primero es que el Gobierno, la Junta y las entidades locales podrán usar la aplicación para comunicarse entre sí, lo que trae aparejada la unificación de los procedimientos y una gran celeridad. Junto a esto, supone eliminar el papel de las oficinas -y con ello la necesidad de custodiar y almacenar un volumen elevado de documentos-, además de minimizar los costes de mensajería y transporte.
La aplicación se extenderá progresivamente por toda la Comunidad. Como es lógico, primero llegará a los 234 registros que dependen de la Junta. También se implantará en la Red de Oficinas Integradas, que agrupa a las 257 dependencias de entidades locales donde ya se puede entregar documentación para otras administraciones, si bien ahora se traslada a su destino por el conducto ordinario.
Esto es posible en virtud de otro convenio marco de colaboración suscrito el 31 de octubre de 2013 por el secretario de Estado de Administraciones Públicas y la consejera de Hacienda, al que podrán adherirse las diputaciones, municipios y otros entes que deseen incorporarse a ORVE.
