El delegado territorial de la Junta de Castilla y León, Javier López-Escobar, mantuvo en Sepúlveda la segunda de las cinco reuniones que va a celebrar con los responsables de los municipios de menos de 20.000 habitantes de la provincia, para explicar la Ley de Ordenación, Servicios y Gobierno del Territorio. El encuentro contó con la asistencia de varios de los representantes municipales, alcaldes y concejales de los 43 municipios convocados de la zona.
En estas reuniones se trata de difundir entre los municipios el contenido de la Ley 7/2013, de 27 de septiembre, de Ordenación, Servicios y Gobierno del Territorio, cuyos objetivos son mejorar la cohesión territorial de la Comunidad, impulsar una mayor cercanía en la prestación de servicios, y garantizar el acceso de todos los ciudadanos de Castilla y León a los servicios públicos en condiciones de igualdad, con independencia del lugar de su residencia. Para ello se avanza en la “territorialización” de las políticas autonómicas mediante la definición de las “unidades básicas de ordenación y servicios”, resultado de la zonificación del territorio de la Comunidad. La Ley también se ocupa de la prestación de servicios por las entidades locales en el territorio, mediante la potenciación de las mancomunidades voluntarias de municipios, consideradas en la Ley como “de interés general”, con lo que se pretende ganar en eficacia y eficiencia en la prestación de dichos servicios.
López-Escobar señaló que el objetivo que persigue este recorrido por el territorio de la provincia es que los alcaldes y concejales no tengan dudas sobre el carácter municipalista de la Ley, aprobada el pasado 24 de septiembre en las Cortes de Castilla y León con el apoyo de los dos grupos políticos mayoritarios, PP y PSOE. En el marco de la legislación básica del Estado, la nueva ley respeta las Entidades Locales Menores y apuesta por su modernización. La Ley también respeta las Comunidades de Villa y Tierra, que podrán tener la misma consideración que las Mancomunidades de Interés General rurales cuando cumplan determinados requisitos. La aplicación de la Ley se inicia con la definición por parte de la Junta de Castilla y León de las citadas “unidades básicas de ordenación y servicios”, en cuya tramitación está legalmente garantizada la participación y audiencia tanto de las diputaciones provinciales como de los propios municipios.
