El delegado territorial de la Junta de Castilla y León en Segovia, Javier López-Escobar, se entrevistó ayer en su despacho de la Delegación con representantes de la Asociación de Vecinos del Barrio de San Lorenzo, encabezados por su presidente José Luis Lodeiro.
La reunión se produjo, según informó la Delegación en un comunicado, a petición de la propia asociación, para abordar con el responsable de la administración regional en la provincia, la situación del edificio en construcción en el número 25 de la calle San Marcos de Segovia.
El delegado territorial informó a los representantes de los vecinos, según reza el mismo comunicado, que el inmueble se encuentra en el ámbito de aplicación del Plan Especial de San Lorenzo, Valle del Eresma y San Marcos, aprobado en 1999. Y que de acuerdo con la Ley de Patrimonio Cultural de Castilla y León vigente, una vez aprobado el Plan Especial, son los ayuntamientos los competentes para autorizar obras, siempre que no afecten a bienes declarados de interés cultural.
«Teniendo en cuenta este marco normativo, Javier López-Escobar ha explicado —dice el comunicado de la Junta— que en el caso del edificio que se construye en la calle San Marcos la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural se limitó en su día a informar, sin carácter vinculante, de que la propuesta de edificación se adecuaba volumétricamente a las previsiones urbanísticas contenidas en el citado Plan Especial».
En cualquier caso, según el mismo escrito, el delegado territorial manifestó su interés por la situación del nuevo inmueble, «aunque expresando claramente a los vecinos que las actuaciones de la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural están sujetas al marco legal en vigor y no pueden ser arbitrarias».
Como se recordará, la voz de alarma la dio la Asociación Amigos del Patrimonio, que denunció que el futuro inmueble, situado en el número 25 de la calle de San Marcos, afectará a la vista de la iglesia románica de San Marcos y la perspectiva del Alcázar desde la carretera de Arévalo, modificando las características de una zona de «gran interés paisajístico y arquitectónico».
El primero en hablar fue el propio alcalde, Pedro Arahuetes (PSOE), que en varias ocasiones ha explicado ya que el Ayuntamiento no puede impedir la construcción del inmueble porque se trata de una obra amparada por la «legalidad». Ciertamente, el proyecto está autorizado en virtud del Plan Especial de San Lorenzo, Valle del Eresma y San Marcos, que se aprobó, con los votos exclusivos del PP, entonces al frente del Gobierno municipal, el 3 de junio de 1999, apenas diez días antes de las elecciones municipales. «Si yo dicto un decreto denegando la licencia de obras a ese edificio, cometería un delito», ha recalcado Arahuetes, que no paralizará la obra o anulará el permiso de obras, salvo que un juez así lo determine.
Peñalosa comparte con Arahuetes que «hay que respetar» el Plan Especial, aunque, en su opinión, se incumple la Ley de Patrimonio de Castilla y León, una norma que «está por encima» del planeamiento urbanístico. Con estos argumentos IU puso el caso en manos de la Fiscalía de la Audiencia Provincial , consciente de que solo la vía judicial puede paralizar la construcción del inmueble y obligar a los propietarios a no construir o derribar, en su caso, la planta superior del inmueble, para proteger las vistas del Alcázar.
Por su parte, el portavoz del PP, Jesús Postigo, comparte la apreciación del alcalde, aunque mantiene que, en su opinión, el Ayuntamiento tuvo posibilidades de frenar la construcción del edificio, al menos tal y como está autorizado, y negociar con la propiedad otro proyecto, de un inmueble de menor altura y, en consecuencia, con menor impacto.
La Real Academia de Historia y Arte de San Quirce también ve con malos ojos el nuevo edificio que se está levantando en San Marcos. La Academia ha remitido una carta al delegado territorial de la Junta de Castilla y León en Segovia, Javier López-Escobar, en su calidad de presidente de la Comisión Territorial de Patrimonio, con copia al Ayuntamiento de Segovia, en la que muestra su malestar por esta edificación, a la vez que piden una solución.
