Castilla y León sigue reclamando que se culmine la transferencia de la administración de Justicia, una competencia que está presente en el Estatuto de Autonomía de la Comunidad desde hace trece años, pero que a día de hoy aún no se ha materializado. La Junta de Castilla y León ha reclamado durante años al Gobierno central el interés por gestionar la Justicia de la Comunidad, pero no a cualquier precio.
El consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez, explicó en las Cortes -en su comparecencia de inicio de Legislatura el pasado mes de julio- el interés del Ejecutivo de la Comunidad por gestionar este servicio público esencial. La Junta busca alcanzar mayores niveles de eficacia, calidad y eficiencia de la Justicia, pero todo ello bajo la exigencia de una valoración adecuada de su coste, de manera que no se convierta en la transferencia de un déficit para la Comunidad.
Con ese compromiso como punto de partida, José Antonio de Santiago-Juárez ha mantenido reuniones con magistrados, fiscales, jueces, abogados, procuradores y representantes sindicales en estas últimas semanas, con el objetivo de explicar sus planes y medir el grado de interés de los distintos representantes del sector al traspaso de las competencias de Justicia a la Comunidad. Con esta ronda de contactos, la Consejería de Presidencia -encargada de negociar las competencias de Justicia– realizará una valoración más adecuada de las necesidades económicas en esta materia.
La primera reunión del consejero se celebró el pasado 19 de septiembre, en Burgos, con el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, José Luis Concepción. A partir de ahí, De Santiago-Juárez ha recibido a Manuel Martín Granizo, fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia; Antonio Jesús Fonseca, representante del Poder Judicial y presidente de la sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior en Valladolid; Fernando García Delgado, presidente del Colegio regional de Abogados de Castilla y León; Fernando Santamaría, presidente del Colegio regional de Procuradores de Tribunales de Castilla y León, e Ildefonso Ferrero, secretario de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia. Finalmente, el consejero también se reunió con los representantes de los sindicatos de CCOO, UGT, CSIF y STAJ (Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia). A su vez, la viceconsejera de Administración y Gobierno del Territorio, María José Salgueiro, y el director de los Servicio Jurídicos, Ignacio Sáez, también han mantenido contactos con la Comisión Asesora de Justicia de Castilla y León.
El resultado obtenido de las reuniones con los diferentes representantes de la Justicia de Castilla y León ha sido positivo. Todos se posicionan a favor de que las transferencias sean asumidas por la Comunidad, siempre y cuando se reciban bien valoradas económicamente. Este objetivo supone una prioridad para el presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, y así lo sostuvo en su debate de investidura. Para ello, el Gobierno autonómico establecerá cláusulas de garantía para aquellos proyectos que están en ejecución o que no han sido presupuestados con detalle. Las cláusulas recogerán el compromiso por parte del Ejecutivo central de financiar el coste de las inversiones pendientes en el momento del traspaso, tales como las Oficinas Judiciales, la Ciudad de la Justicia de Valladolid o el Palacio de la Justicia de Burgos.
El pasado mes de julio, el consejero de la Presidencia escribió una carta al ministro de Justicia para instarle a que reabriera las negociaciones y pedirle los datos necesarios para culminar el proceso pero, tras casi tres meses de espera, la respuesta de Caamaño fue su recomendación a «esperar a que pasaran las elecciones del 20 de noviembre para retomar el tema». Además, añadió que el Ministerio mantenía la valoración de 132,8 millones de euros por el coste efectivo de las funciones y servicios. Esta cifra dista mucho de lo que el Gobierno autonómico considera adecuado.
Con el objetivo de que las negociaciones no se dilaten más, De Santiago-Juárez ha convocado un encuentro conjunto con el sector judicial antes de finalizar el mes, en el que se fijarán las bases para la redacción de un borrador del Pacto de Comunidad por la Transferencia y para la Modernización de la Justicia. Con este pacto, la Junta de Castilla y León pretende definir antes de diciembre cuáles son las condiciones mínimas necesarias para la aceptación de esta transferencia, en términos de medios personales, inversiones en infraestructuras, tanto inmobiliarias como en tecnologías de información y comunicación o de dotación de juzgado.
