La Junta trata a toda costa de activar la ‘operación retorno’ de las grandes flotas de transportistas que salieron espantadas con el ‘céntimo sanitario’ -ahora tarifa autonómica por venta de hidrocarburos- para que vuelvan a repostar dentro de Castilla y León. De hecho, la Consejería de Fomento, en coordinación con Hacienda y Economía, han convocado a las diez mayores empresas del sector para convencerlas de las bonanzas de las medidas puestas en marcha este año que, sin embargo, no están surtiendo efecto.
Lo cierto es que aunque desde el 1 de enero de 2013 el Ejecutivo regional devuelve el cien por cien del impuesto de hidrocarburos a los profesionales, la exención no ha servido para recuperar los consumos. De hecho, hasta el mes de septiembre, la ventas de gasóleo A (el empleado por los transportistas) en Castilla y León han caído todavía un 11,4 por ciento respecto a los nueve primeros meses de 2012. No obstante, si se comparan los volúmenes totales con las fechas de 2011 el descenso acumulado ronda el 30 por ciento, según los datos de la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos (Cores).
Uno de los problemas con los que se encuentran los transportistas es el retraso en la devolución. La Agencia Tributaria tarda tres meses en reintegrar la parte del impuesto que les corresponde. Por esa razón, desde abril la Junta puso a disposición de las grandes empresas unos avales para retrasar el pago de las facturas a las petroleras. Dicho instrumento tenía un límite de 20 millones de euros pero sólo utilizaron 1,5 millones.
El problema con el que se encontró esta línea financiera era la limitación temporal, según explicaron fuentes de la Consejería de Fomento, pues concluía el pasado mes de octubre y apenas se pudieron cerrar sólo las operaciones del mes de agosto de las empresas que se sumaron.
La semana pasada, la Consejería de Hacienda firmó una nueva línea de préstamo de 12 millones de euros con el Banco Sabadell que se destinará a avalar a las grandes compañías de transporte ante las suministradoras de carburante. Tendrá un tipo de interés fijo del 4,75 por ciento y sin comisiones y su vencimiento será octubre de 2014. La operación se consideró «de especial interés» para la Comunidad. Con ello se pretende que las empresas tengan dos meses para pagar el carburante, no sólo el impuesto, y minimizar de esa forma el retraso de las devoluciones.
«Estas medidas ofrecen ventajas para las empresas más allá del propio impuesto. Así se lo estamos trasladando», explicó el coordinador de la Red Cylog, Juan Carlos Sánchez-Valencia, uno de los interlocutores con el sector.
Los avales son la línea empleada para tratar de frenar la deslocalización de las flotas asentadas en la Comunidad, pero la Junta también trabaja en convencer a las empresas de transporte del exterior, especialmente portuguesas y francesas para que reposten también en Castilla y León. Ahora, con camiones con depósitos que permiten hacer hasta 2.000 kilómetros pasan sin parar, o sólo echan lo mínimo buscando los precios más bajos de regiones limítrofes.
«Con ellos negociamos otros formatos, como posibles compensaciones a la hora de utilizar las instalaciones de la Red Cylog. Aunque no está cerrado», reconoció Sánchez-Valencia.
Para las estaciones de servicio de la Comunidad, esta medida no les soluciona nada puesto que se prima exclusivamente a las grandes empresas con depósitos propios. Mientras, las gasolineras de Castilla y León continúan con el descenso de ventas y el despido de empleados: 400 hasta el momento, según los datos de la agrupación de Vendedores al por menor de Carburantes de Castilla y León, Avecal. Su portavoz, Rafael Pizarro, recuerda que se está cumpliendo todo lo que avisaron y que el año que viene llegarán 200 millones de euros menos a la comunidad por el descenso de ventas.
