La Estrategia Integrada de Empleo 2012-2015 establecerá mecanismos para «convertir los efectos negativos del despido colectivo, al menos en suspensiones» con un programa de ayudas a expedientes de regulación suspensivos, que incluirá una línea de prestaciones para trabajadores y otra de compensación a las empresas. El programa incluirá un protocolo de actuación de empresas en crisis, un mecanismo voluntario para «evitar despidos colectivos y el incremento de conflictos judiciales».
Estos compromisos se recogen en la declaración pactada en el seno del Consejo del Diálogo Social, que leyó el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, tras un encuentro con los secretarios autonómicos de CCOO y UGT, Ángel Hernández y Agustín Prieto, y el presidente de la patronal de Castilla y León (Cecale), Jesús Terciado.
Herrera precisó en su alocución que el protocolo será una «referencia de trabajo reforzada, ante el nuevo escenario que se plantea tras la supresión de la autorización administrativas de los EREs», con la reforma laboral. Aún así, quiso dejar claro el carácter voluntario de la mediación de la Administración regional y los sindicatos e incidió en que esta medida «no pretende enmendar a nadie».
El presidente precisó que la estrategia, que incorpora el VI Plan de Empleo, el III de Formación Profesional, el IV de Prevención de Riesgos Laborales y el I de Igualdad para el Empleo, contará con una dotación inicial, para la puesta en marcha de los principales compromisos adquiridos, de 350 millones este año. Anunció que la concreción y cuantificación económica precisa de los acuerdos generales logrados hoy, se realizará en el seno de la Comisión Permanente que se celebrará el próximo 7 de marzo.
El máximo responsable del Ejecutivo autonómico resaltó que la estrategia dirigirá su atención «de manera especial» a los colectivos de jóvenes menores de 30 años y desempleados de larga duración. Herrera insistió en que la «inserción de los desempleados constituye una prioridad básica» y anunció un «renovado» Programa de Inserción para el Empleo (PIE), que habilitará itinerarios integrados de formación e inserción con una ayuda económica de 400 euros durante seis meses para parados que hayan agotado sus prestaciones y no tengan encaje en otros programas nacionales.
El presidente también anunció apoyos para fomento del empleo por cuenta ajena y del autoempleo, que serán «incompatibles» con cualquier bonificación u otro incentivo de carácter estatal.
Empleo local
Juan Vicente Herrera anunció también un nuevo plan de fomento del empleo local, destinado a estas entidades, «siempre y cuando no venga precedido de un expediente de despido colectivo», para financiar total o parcialmente (cofinanciación), la contratación de trabajadores en paro. Herrera explicó que se aplicará un principio de «proporcionalidad» atendiendo a las posibilidades económicas de cada municipio, un criterio que el Gobierno regional considera extensible a otras líneas de ayuda a la sociedad, porque «no se puede tratar a todos por igual».
El jefe del Ejecutivo también puso expresó el compromiso de convocar los programas de FP para ocupados y parados y la acreditación de la experiencia y analizó el marco del plan de FP reglada, para anunciar que potenciará la red de centros integrados y mejorará la oferta de ciclos. Herrera asumió además la aprobación de un completo programa de apoyos e incentivos a la economía social.
Anunció también la elaboración inmediata de las convocatorias de formación para desocupados, del programa personal de inserción y empleo y de las ayudas a trabajadores afectados por suspensiones colectivas.
El presidente analizó las actuaciones para favorecer la conciliación de la vida personal, familiar y laboral y recalcó que «por primera vez se articulan en un plan específico».
Contratación de servicios
Juan Vicente Herrera explicó durante su comparecencia el compromiso alcanzado para mantener el empleo en las empresas que prestan servicios a la Junta. Al respecto, el texto suscrito expone que la Junta impulsará fórmulas con las empresas para que en los contratos vigentes o en los que se puedan negociar en el futuro en materia de prestación de servicios, «los ajustes económicos sobre los mismos procuren no trasladarse a pérdida de empleo sino que se resuelvan con fórmulas de flexibilidad». Para ello se creará un nueva Mesa del Diálogo Social.
Además, Herrera asumió que el nuevo contexto normativo y económico precisa de un «compromiso de ahondar» en el diálogo con los representantes de los empleados públicos de la Junta.
Para finalizar, la declaración incluye un apartado en el que la Junta asegura que valora «muy positivamente» los acuerdos bilaterales sobre el empleo y la negociación colectiva y sobre la solución extrajudicial de conflictos, alcanzados en el ámbito nacional, y «anima a las organizaciones sindicales y empresariales a su traslación al ámbito regional».
En este sentido, la Junta impulsará la negociación de un nuevo Acuerdo de Resolución extrajudicial de conflictos laborales, que amplíe el ámbito de actuación del Serla, a la vez que se creará una comisión consultiva regional de convenios colectivos.
