El copago hospitalario no repercutirá en el bolsillo de los enfermos crónicos de Castilla y León. La Junta ha decidido asumir el importe que se tenga que cobrar a los afectados por esta medida impuesta desde el Ministerio de Sanidad ante el segundo rechazo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de suspenderla cautelarmente hasta que se produzca una sentencia definitiva.
El Gobierno regional, pone en marcha un ‘plan b’ y «analiza ya posibles fórmulas, siempre dentro de la Ley, para hacerse cargo de los costes que esta medida suponga al ciudadano, en el caso de que finalmente la misma tuviera que aplicarse», según informó a través de un comunicado. Ese condicional es importante puesto que todavía nadie lo ha puesto en marcha: unas comunidades por desacuerdo y otras por problemas técnicos.
El TSJ madrileño comunicó ayer por mañana que desestimaba la suspensión cautelar que incluía el recurso contencioso administrativo presentado por la Consejería de Sanidad contra la resolución del Ministerio de Sanidad. Esta es la segunda resolución en este sentido. La primera fue el 2 de enero, tras admitir a trámite el recurso, la sala rehusó la cautelarísima solicitada sin escuchar antes a los servicios jurídicos ministeriales. Con esos argumentos, el tribunal ha decidido seguir con el proceso pero sin impedir su aplicación hasta que se produzca una sentencia firme.
De este modo, Castilla y León se suma a otras comunidades del Partido Popular como son Castilla-La Mancha y Extremadura, que han optado por asumir con recursos propios en coste del copago sobre los medicamentos que se dispensan en los hospitales para tratamientos contra el cáncer, hepatitis o esclerosis múltiple.
La Junta «tiene en cuenta que los 8.453 ciudadanos afectados en Castilla y León por esta resolución son pacientes con enfermedades graves que deben seguir y completar sus tratamientos», aseguró en la comunicación, y además considera que «esta medida de copago hospitalario supondría serias desigualdades y rompería la equidad del Sistema Nacional de Salud».
Hasta el momento, ninguna comunidad ha dado los pasos para implantar la medida, que cabe recordar, entró en vigor el 1 de octubre, a pesar también de que en un consejo interterritorial decidieron hacerlo a mediados de enero. A juicio del consejero de Sanidad, Antonio María Sáez, «sólo eso demuestra que algo de razón tendremos cuando hemos plantado nuestra oposición a esta medida», aseguró en una reciente entrevista publicada en este periódico.
«De fondo, tenemos todas las razones del mundo. Tal vez, el ministerio, como había incluido estas medidas en el programa de reformas y tiene más cerca la supervisión de la Troika pues hace más énfasis en esto. Pero nosotros somos más prácticos y decimos que no vale para nada. Complica la vida a todos y no contribuye a la sostenibilidad. Por lo tanto no vemos ningún sentido. Aquí quizás tenga más coste el cambio de la aplicación informática que lo que se recaude», opina el consejero.
Desde el primer momento, la Junta de Castilla y León manifestó su desacuerdo con esta Resolución de la Dirección General de Cartera Básica de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia al considerar su escaso impacto económico (unos 200.000 euros anuales, es decir, el 0,07 % del gasto farmacéutico hospitalario) y las características de los fármacos sometidos a este copago, la mayoría de ellos relevantes para tratar enfermedades graves.
La Junta de Castilla y León insiste en que «ha adoptado todas las medidas posibles y ha puesto de manifiesto una posición congruente, llegando hasta el final en la defensa de los intereses de los ciudadanos de la Comunidad».
