La maraña urbanística, administrativa y judicial que rodea las obras del complejo deportivo Carlos Melero parece que comienza a desenredarse. Según ha sabido EL ADELANTADO, la Junta de Castilla y León ha emitido un informe favorable a la petición del Ayuntamiento de Segovia para el cambio de uso de la parcela donde se construye el complejo deportivo, lo que permitiría, en síntesis, ‘legalizar’ las obras desde el punto de vista urbanístico.
El concejal de Urbanismo, Alfonso Reguera, en declaraciones a este diario, confirmó ayer este extremo, al tiempo que explicó que ha convocado a los miembros de la Comisión de Urbanismo, el próximo viernes, para analizar este pronunciamiento «positivo» de la administración regional y, en consecuencia, aprobar el informe municipal que, junto con el anterior, se deberán remitir al Consejo Consultivo de Castilla y León, órgano encargado de dar el visto bueno definitivo a la modificación urbanística.
Con la contestación que, casi con toda seguridad, será igualmente positiva por parte del Consejo Consultivo —tiene un plazo de 20 días para responder—, la modificación será sometida para su aprobación definitiva por parte del pleno del Ayuntamiento.
«De esta manera, se legalizará urbanísticamente la obra» indicó Reguera, quien admitió, como ya ha denunciado el PP, que aún quedaría por resolver el asunto administrativo de la obra, en tanto que, como se recordará, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) ya declaró nulos los acuerdos de pleno de adjudicación del concurso de obras y explotación del complejo deportivo.
«Resuelto el tema puramente urbanístico, y una vez que la parcela reúna todos los requisitos, se subsanará, en consecuencia, la anulación concurso que quedó invalidado precisamente por esta circunstancia», apuntó el edil de Urbanismo, quien afirmó que los servicios jurídicos del Ayuntamiento consideran que «solucionado el fondo del asunto, el resto, con alguna acción legal que haya que hacer, se puede resolver sin problemas».
Reguera, que espera la ‘notificación oficial’ de la remisión del informe de la Junta en los próximos días, recordó que en el último pleno, ante una moción del PP sobre el asunto, ya indicó que «todo estaba en vías de solución». «El PP —añadió el edil—pretendía paralizar todo este proceso y que tuviéramos que asumir una enorme indemnización, al pedir algo tan absurdo como ejecutar una sentencia que iba en contra nuestra».
Como se recordará, en marzo de 2012, cuando el Gobierno municipal aprobó el proyecto y concedió la licencia de obras, el PP ya advirtió que la parcela, según el PGOU, tenía agotada la edificabilidad. El TSJCyL, por denuncia de una empresa, anuló esta licencia y, posteriormente, otro fallo del mismo tribunal anuló los acuerdos de pleno, adoptados en 2011, de adjudicación del concurso de obras y explotación del complejo.
