El Consejo de Gobierno aprobó el Pacto sobre Derechos de Representación Sindical, que adelanta a 2012 la reducción del 31 por ciento de los liberados de la Junta de Castilla y León, que inicialmente se iba a llevar a cabo en dos años. El acuerdo, que firmará durante la jornada de hoy la consejera de Hacienda, Pilar del Olmo, con los sindicatos, estará vigente hasta 2015 y supone un ahorro de 13,6 millones de euros para las arcas autonómicas.
El acuerdo, que se ha pactado con las organizaciones representadas en la mesa general de empleados públicos (CSI-F, UGT, CCOO y la Federación de Sindicatos de Educación y Sanidad), deja en 658 los 950 liberados, algo que estaba previsto materializar en dos fases, el 40 por ciento a lo largo de este año y el 60 restante el que viene.
El consejero de la Presidencia y portavoz de la Junta, José Antonio de Santiago-Juárez, destacó que otra de las novedades del documento es que se elimina la cláusula de reversión ligada al crecimiento de la economía que se introdujo en la reforma aprobada a primeros de este año. Según esa disposición, ahora suprimida, se retornaría a la situación inicial de liberados sindicales si el Producto Interior Bruto (PIB) de la Comunidad superaba el 2,5 por ciento durante dos trimestres consecutivos.
La Junta de Castilla y León entiende que la disminución acordada es plenamente compatible con los preceptos que establece el real decreto ley, aunque incide en la novedad de que se anticipe la reducción de los liberados al próximo 1 de diciembre. Así será en todos los ámbitos de la Administración autonómica salvo el personal docente, que tendrá de plazo hasta el 31 de julio de 2013 para hacerla efectiva con el fin de que coincida con la finalización del curso escolar, según explicó el consejero portavoz durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.
La representación de los empleados públicos está regulada por la Ley Orgánica de Libertad Sindical y por la Ley de Órganos de Representación, de Determinación de las Condiciones de Trabajo y Participación del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas. En Castilla y León, además, existe un acuerdo específico que se firmó por primera vez en 2006, modificado en febrero de 2012 y sustituido por el actual acuerdo.
De hecho, la Ley 13/2003 de 23 de diciembre de Medidas Económicas, Fiscales y Administrativas establece que los pactos, convenios o acuerdos entre la Administración de Castilla y León y los agentes económicos y sociales serán sometidos a la aprobación de la Junta con carácter previo a su firma, trámite que se ha cumplido ayer en el Consejo de Gobierno.
El documento será suscrito inicialmente mañana por CSI-F, UGT, CCOO y FSES, pero en su cláusula adicional cuarta contempla la posibilidad de que puedan adherirse a él otras centrales sindicales siempre y cuando lo hagan el primer año.
Por otro lado, y también relacionado con los empleados públicos, la Junta considera que «no es posible legalmente» fraccionar las pagas extra de 2013 como había solicitado, entre otros, el sindicato CSIF, ya que existe una regulación del día y mes en que se abonan las extraordinarias de junio y de diciembre, según afirmó De Santiago-Juarez.
CSIF, mayoritario en la Función Pública, pidió repartir en tres las extras de los funcionarios en 2013 y cobrar la primera en enero. Aunque, tras manifestar días atrás la consejera de Hacienda que estudiaría la viabilidad «jurídica y financiera», el portavoz de la Junta reiteró que «legalmente no es posible» y se remitió a la normativa, tanto para la paga de este año como para las de 2013.
Otros acuerdos:
• Formación. Aprobadas tres subvenciones por cinco millones de euros destinadas a UGT (1.250.837 euros), CCOO (1.249.140) y la Confederación de Organizaciones Empresariales de Castilla y León (2.499.813) para los planes de formación dirigidos a trabajadores ocupados, lo que supone un descenso del 52,3 por ciento respecto al año 2011. El número de cursos que se financia es de 276 lo que suponen casi 24.000 horas de formación que serán recibidas por 6.657 trabajadores.
• Sacyl. Aprobada una inversión de 426.888 euros para la contratación, por el plazo de un año, del servicio de soporte y mantenimiento del sistema de información hospitalario que gestiona las historias clínicas, urgencias, listas de espera o citaciones, entre otros, en los centros adscritos a la Gerencia Regional de Salud.
• Acción Local. Acordada una ayuda de 692.340 euros para los 44 grupos de acción local -17 de la iniciativa Leader+ y 27 del programa Prodercal- que gestionan programas de desarrollo rural cofinanciados por fondos europeos. Esta ayuda comprende los gastos de los 44 grupos de acción local con cargo a varios conceptos para los periodos comprendidos entre el 1 de julio de 2010 y el 30 de junio de 2012.
• Educación especial. Aprobadas subvenciones por 612.094 euros a las entidades sin ánimo de lucro Feaps, Federación de Autismo y Federación Síndrome de Down para la financiación del servicio de comedor escolar en centros concertados de educación especial, que utilizarán este curso unos 445 alumnos.
