El exconsejero de Empleo de la Junta de Andalucía Antonio Fernández; el exviceconsejero del ramo Agustín Barberá; el exdirector general de Trabajo Francisco Javier Guerrero, y el exdirector general de la agencia IDEA Miguel Ángel Serrano se acogieron ayer a su derecho a no declarar ante la jueza Mercedes Alaya, que investiga el caso de los ERE irregulares, quien, por otro lado, emitió un auto en el que asegura que la causa encara ya su «recta final».
Los cuatro exaltos cargos de la Junta forman parte del grupo de 25 imputados a los que la magistrada ha citado a lo largo de esta semana, debido a que formaron parte de los distintos consejos rectores del antiguo Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), actual IDEA,entre los años 2001 y 2008, imputados entre los que también se encuentra el presidente de Unicaja, Braulio Medel, o el expresidente de El Monte José María Bueno Lidón.
De este modo, tanto Guerrero como Fernández, Barberá y Serrano se negaron a testificar ante la instructora y, en el caso de los tres primeros, ni la Fiscalía Anticorrupción ni ninguna de las acusaciones solicitaron ningún tipo de medida cautelar para ellos.
Respecto a Serrano, el Ministerio Público pidió para él una fianza de responsabilidad civil de más de 26 millones de euros. Aunque no declaró, el exdirector general de la agencia IDEA presentó un escrito en el Juzgado en el que señala que no ratifica su exposición como testigo ante la Guardia Civil el día 19 de septiembre de 2012, ya que, «a pesar de estar firmada por mí, se puede comprobar que yo declaré bastante más cosas de lo que se refleja en los 11 folios que constan en la instrucción del caso».
Además, la magistrada de Instrucción número seis de Sevilla también había citado al exdirector general de IDEA Francisco Mencía, quien no compareció por motivos de salud, por lo que su declaración fue pospuesta al jueves.
La Fiscalía Anticorrupción había solicitado a la juez que suspendiera las declaraciones de los 25 imputados, pues entiende que esta parte de la investigación debe ser elevada al Tribunal Supremo dada la presencia de personas aforadas. No obstante, y por medio de un auto, Alaya rechazó esta petición en una resolución en la que destaca la «importancia, máxima en esta recta final, de mantener la continencia de la causa».
Al hilo de ello, explica que los integrantes del Consejo Rector de la Agencia de Fomento de la Junta imputados en el caso, «actuarían, según las investigaciones llevadas a cabo durante el caso, como una pieza más del engranaje supuestamente fradulento con el fin de dar apariencia de legalidad al pago de subvenciones al margen del procedimiento establecido».
Asimismo, la jueza aplazó al 5 de junio la declaración del presidente de Unicaja, Braulio Medel, cuya comparecencia estaba prevista para mañana.
Transparencia
La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, abogó ayer por que la Justicia se acoja a parámetros, también «exigibles» en la política, de «apertura, claridad y transparencia» considerando, además, que es necesario «erradicar abusos y comportamientos deshonestos» que se produzcan en la función pública.
