La juez que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares tramitados por la Junta de Andalucía, Mercedes Alaya, solicitó a la Fiscalía Anticorrupción que informe sobre qué tribunal es competente para instruir la causa respecto a los aforados que han sido ‘preimputados’, dado que figuran en ella parlamentarios autonómicos y nacionales.
Fuentes del caso informaron de que la magistrada dictó una providencia, con fecha de ayer, en la que puso de manifiesto que ya se han practicado las diligencias necesarias relacionadas con los aforados señalados y ‘preimputados’ y por ello da traslado al fiscal para que, en el plazo de un solo día, se pronuncie sobre a qué tribunal corresponde la «competencia» de esta investigación.
En la providencia, la magistrada de Instrucción número 6 de Sevilla hizo referencia al artículo 759 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, artículo que recoge las reglas que regulan las cuestiones de competencia que se promuevan «entre juzgados y tribunales de la jurisdicción ordinaria».
Entre los aforados que han sido ‘preimputados’ en la causa figuran los expresidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves -ahora diputado en el Congreso- y José Antonio Griñán -actual senador-, los exconsejeros Carmen Martínez Aguayo, Manuel Recio, Francisco Vallejo y Antonio Ávila -ahora parlamentarios autonómicos- y el también exconsejero José Antonio Viera -actual diputado en el Congreso-.
Los diputados o senadores mencionados están aforados ante el Tribunal Supremo y los parlamentarios andaluces lo están ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, por ello la petición realizada por la juez para que el fiscal se pronuncie sobre el tribunal que debe seguir investigando a los aforados.
En este sentido, las fuentes consultadas destacaron que este sería el último paso antes de que la juez instructora se inhiba a un tribunal superior mediante una resolución judicial conocida con el nombre de ‘exposición razonada de motivos’, en la cual lleva trabajando varios meses y que todo apunta a que se notificará a lo largo de la próxima semana.
La providencia se conoce la misma semana en que la magistrada ha elevado a la Audiencia Provincial de Sevilla, cuatro meses después, los dos recursos de la Fiscalía Anticorrupción para que divida el caso en piezas separadas y envíe la que afecta a los aforados al Tribunal Supremo.
