Los ajustes presupuestarios, marcados por las medidas de reducción del déficit, han dejado bajo mínimos la contratación de obra pública en Castilla y León, que tardará unos dos años en recuperarse, aunque no llegará al nivel previo a la crisis. Las administraciones han sacrificado estas actuaciones, por lo que la licitación podría no superar los 600 millones este ejercicio, aunque se habían presupuestado unos 1.030, lo que supone una caída del 70 por ciento respecto a 2011.
El gasto social se ha comido gran parte de las inversiones del Estado, la Junta y las administraciones locales en un periodo de escasez de recursos públicos, según fuentes de la Cámara de Contratistas de Castilla y León. Esta asociación, que representa a unas 140 empresas desde hace unos 30 años, considera que la nueva recesión, aunque más leve que la de 2009, ha provocado una caída en la recaudación tributaria, lo que ha desencadenado nuevos ajustes y la paralización de proyectos.
Ante este negro panorama, las administraciones sólo han licitado un 30 por ciento del contratado el pasado año, cuando los proyectos vinculados a los corredores de alta velocidad hicieron que en el último mes de 2011 la inversión creciera en 600 millones. Sin embargo, esta cifra podría no alcanzarse en todo 2012, año en el que la contratación de obra pública se ha quedado en un mínimo histórico. Además, los contratistas advierten de que algunas actuaciones que se licitan son paralizadas o no se fija la fecha de apertura de las ofertas económicas.
Los contratistas denuncian que este año ha sido el peor desde que se inició la crisis, ya que el volumen de licitación alcanzó el pasado ejercicio los 2.229 millones y los 1.671 en 2010. Los años más positivos para estas empresas, que mantienen todavía unos 20.000 empleos en la Comunidad, fueron los comprendidos entre 2005 y 2009, con cifras anuales de inversión que oscilaron entre los 3.000 y los 4.567 millones, que se contabilizaron hace tres años.
Igualmente, las administraciones ni siquiera han licitado la obra pública prevista para este año. En los once primeros meses, la inversión, según la apertura de las ofertas, se ha quedado en un 29 por ciento de lo presupuestado (1.030 millones). En el mismo periodo de 2011, este porcentaje se situó en el 47 por ciento, y en 2010 y 2009, en el 37 y 66 por ciento, respectivamente.
Las adjudicaciones, que acumulan expedientes de años anteriores, se situaron en los 300 millones hasta noviembre, frente a los 1.239 millones de 2011, es decir, un 75,7 por ciento menos.
Asimismo, el porcentaje de obra adjudicada sobre la licitada también ha registrado un descenso notable. De enero a noviembre, la licitación de obra pública en la Comunidad alcanzó los 531 millones, de los que se había adjudicado poco más de la mitad (300 millones). En este mismo periodo, en 2011 se licitaron 1.671 millones y se adjudicaron 1.239, lo que supone un 74,1 por ciento. Un año antes se alcanzó una cifra similar (79,2 por ciento) al licitarse 1.542 millones y adjudicarse 1.222 millones.
Provincias
Por provincias, entre enero y noviembre, más de la mitad de la inversión en obra pública correspondió a proyectos de Zamora y Burgos, alcanzándose los 160 y 125 millones, respectivamente. En el otro extremo se colocan Soria, con 13 millones, y Segovia, con diez.
Soria, Segovia y Valladolid fueron las provincias donde más se redujo la inversión, con caídas de la licitación del 88,3, el 86,6 y el 83,9 por ciento, respectivamente. Sólo Ávila y Burgos registraron caídas muy inferiores a la media autonómica, con mermas del 10,2 y el 1,5 por ciento.
Administraciones
La Junta fue la administración que más se apretó el cinturón, con una caída de la inversión en obra pública del 78,5 por ciento, hasta alcanzar los 76 millones en los once meses. El año pasado había licitado 359 millones. La Administración General del Estado licitó 372 millones, un 65,5 por ciento menos, que los 1.079 millones de 2011. Le siguieron las administraciones locales, que también ajustaron a la baja sus inversiones, en concreto, un 64,2 por ciento hasta los 83 millones, superando el volumen licitado por el Gobierno castellano y leonés.
