Los grupos del PP y del PSOE pactaron ayer exigir la autorización de la Junta de Castilla y León en los procesos de integración o de otro tipo de alianzas que negocien las entidades de ahorro de la Comunidad, según informaron fuentes parlamentarias. Así, equiparan los requisitos para proceder a una integración de las entidades a los que se establecen para una fusión en la Ley de Cajas de 2001 que contempla una preceptiva autorización del Gobierno regional y del Banco de España para poder llevarse a cabo.
De este modo, los partidos mayoritarios mantienen su férreo acuerdo sobre el sistema financiero regional con el que pretenden, en esta ocasión, clarificar y regular los nuevos movimientos que se han abierto en el escenario nacional y autonómico de las cajas.
El acuerdo se ha producido sobre la base de la enmienda del Grupo Popular relativa a la renovación de los órganos de gobierno de las cajas, presentada en el marco del proyecto de ley de Medidas Financieras de 2010. Los portavoces de Hacienda de ambos grupos, Jesús Encabo (PP) y Pascual Fernández (PSOE) explicaron que con la equiparación de fusión e integración se clarifica la normativa, ya que hasta ahora la Ley de Cajas sólo determina la autorización administrativa para las fusiones.
Para evitar «dudas», PP y PSOE estiman que los casos de fusión, integración o asociación necesitarán la autorización de la Junta, que es quien ejerce la tutela sobre el sistema financiero autonómico. «Esta incorporación lo deja perfectamente claro», aseveró Encabo, mientras que Fernández explicó que han surgido otras formas de negociación entre las cajas y en la ley no estaba claro si era o no preciso el permiso administrativo.
Situación actual
En este momento, los consejos de administración de Caja España y Caja Duero han dado el visto bueno a iniciar un proceso de fusión que deberá culminar en el mes de marzo cuando las respectivas asambleas voten de forma definitiva el proyecto. El Banco de España ha apremiado a las otras cuatro entidades de la Comunidad -Caja Burgos, Cajacírculo, Caja de Ávila y Caja Segovia– a que definan también sus planes de futuro y les ha instado a que busquen alianzas para ganar tamaño o bien a que permanezcan en un negocio exclusivamente local.
Hasta el momento, ninguna de estas entidades ha manifestado públicamente sus intenciones, pero mediante esta enmienda cualquier operación que se dispongan a desarrollar -incluida las de carácter interregional- deberá tener el visto bueno de la Junta. En este sentido, tanto el vicepresidente segundo y consejero de Economía, Tomás Villanueva, como el secretario de Organización del PSCyL-PSOE, Pedro Muñoz, han mostrado su preferencia por que las posibles operaciones que puedan acometer estas entidades queden circunscritas al ámbito de la Comunidad, antes de analizar cualquier tipo de alianzas con otras cajas de fuera de Castilla y León.
En este sentido, la actual normativa regional de cajas establece que las fusiones con entidades foráneas requieren el acuerdo conjunto con los gobiernos de las comunidades afectadas, un supuesto que se haría extensivo a los procesos de integración conforme a la enmienda pactada ayer.
Renovación
En la enmienda, que es «amplia y compleja», según sus redactores, se mantiene la propuesta del Grupo Popular relativa a la paralización o retraso de la renovación de los órganos de gobierno en las cajas cuyos consejos de administración han determinado el inicio de un proyecto de fusión, como es el caso en este momento de Caja España y Caja Duero.
Sin embargo, también se introduce un límite temporal, aspecto que destacó el portavoz socialista. Así, al mes de culminar la fusión se convocará la renovación de los órganos de gobierno, que deberán sustanciar en seis meses. En caso de que no exista acuerdo, el final del mandato será automático, los 12 años que marca la ley, a partir de los cuales un consejero deberá abandonar el puesto.
Con este acuerdo, la aprobación de un proyecto de fusión determinará la no iniciación del proceso de renovación de los órganos de gobierno de las cajas afectadas o la suspensión del mismo si se hubiera iniciado pero no finalizado. Por otro lado, el proceso se iniciaría o reanudaría en el plazo de un mes si la fusión no fuera aprobada por las asambleas generales.
Este plazo de un mes, según relata la enmienda, computará desde el rechazo expreso por una de las asambleas generales o la no adopción por todas ellas del acuerdo de fusión en el plazo máximo de seis meses. Así, el mandato de los órganos de gobierno que deben ser renovados por cumplir el mismo o por el periodo máximo establecido para el ejercicio del cargo quedará prorrogado y el mandato de los miembros que se incorporen quedará reducido conforme señala la normativa.
El PP motiva esta enmienda en la necesidad de la aprobación de forma urgente de la modificación dado que el 1 de marzo de 2010 deben iniciarse los procesos de renovación de la agrupación primera de las cajas de Castilla y León.
