Lo anunció Rajoy cuando creía que la opinión pública no le escuchaba sin reparar en un micrófono traicionero: «la reforma laboral me va a costar una huelga», y parece que la situación conducirá, irremediablemente, a ese paro general. A pesar de que el Gobierno abrió ayer reuniones «de carácter técnico» con sindicatos y empresarios para abordar la reforma laboral, las organizaciones de trabajadores afirmaron que no es suficiente y, por ello, subrayaron que mantienen su calendario de movilizaciones contra la normativa. Además, el secretario general de UGT, Cándido Méndez, aseveró que la huelga solo dependerá «del estado de ánimo y las preocupaciones de los trabajadores».
Después de reunirse durante algo más de una hora en la sede del Ministerio con la titular de Empleo, Fátima Bañez, el líder sindical de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, valoró que la popular no haya descartado que durante la tramitación parlamentaria la reforma pueda sufrir modificaciones en parte de su contenido. Si bien, aclaró que la dirigente no ha precisado qué podría ser modificado o corregido.
Aunque los dirigentes sindicales valoraron la disposición al diálogo del Ejecutivo, los dos lamentaron que no se les haya convocado «bastante antes» de que se aprobara la reforma y recordaron al equipo de Rajoy que el diálogo social no está para usarlo a su conveniencia y como una suerte de subcontrata.
Tanto Toxo como Méndez insistieron, además, en que la reforma es «desequilibrada, errónea e injusta», que no favorecerá la contratación sino el despido, y que tampoco ayudará a los parados, «a los que se culpa de que estén en situación de paro», ni a los jóvenes en busca de su primer empleo.
Asimismo, ambos líderes sindicales denunciaron que la nueva legislación «invade» el acuerdo de negociación colectiva al que llegaron a la patronal.
Además, en el encuentro con la titular de Hacienda, los líderes sindicales trasladaron a la política que el Real Decreto recién aprobado contiene algunos elementos que podrían ser «inconstitucionales». Entre ellos se encuentra el hecho de que se discrimine entre empresas por su número total de trabajadores o el que se le asigne a la Comisión Nacional Consultiva de Convenios Colectivos la última palabra para decidir sobre el descuelgue de un convenio.
A pesar de las críticas sindicales, el Gobierno cerró filas en torno a la reforma. Así, la portavoz del Ejecutivo, Soraya Sáenz de Santamaría, subrayó que esta actuación se ha hecho «pensando en todos y cada uno de los parados», y aseguró que el «afán reformista» del Gabinete «no decaerá».
Por su parte, el ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, definió la nueva legislación como «agresiva y ambiciosa» y afirmó que tendrá efectos positivos «a medio plazo» sobre la economía. Para el popular, era «imprescindible» una modificación «sustancial» de la regulación laboral porque en épocas de desaceleración, los perjudicados siempre eran los trabajadores.
