La histórica sentencia que condenó el martes al ex presidente peruano Alberto Fujimori a 25 años de prisión por violaciones a los derechos humanos, hizo hincapié en la existencia de un aparato paralelo de poder y en el control que el mandatario tenía sobre él.
El fallo de la Sala Penal Especial de la Corte Suprema de Justicia determinó que está «probado que las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta implicaron la intervención de un aparato organizado de poder».
El ex mandatario, que gobernó Perú entre 1990 y 2000, «tuvo mando y comando máximo a nivel político y también operativo», afirmó la resolución leída ayer en la sede judicial, ubicada en el distrito de Ate.
Quedó probado que Fujimori estableció la política de defensa y que tuvo «un rol de dirección y mando sobre las fuerzas armadas».
El ex presidente fue condenado bajo la modalidad de autoría mediata por dominio de la voluntad en aparatos de poder organizados, lo cual se explicó por «el dominio concreto que ejerce el mandante sobre la organización y no sobre el ejecutor inmediato».
Los asesinatos de 25 personas, lesiones a otras cuatro, y el secuestro de un periodista y un empresario, en 1991 y 1992, respectivamente, formaron parte de operativos encargados a agentes del Estado.
Los delitos fueron ejecutados por agentes públicos, miembros del grupo militar encubierto Colina, que cometieron un total de 50 asesinatos en 15 meses de actividad contra víctimas previamente seleccionadas, según agregó la resolución.
