El enfado del PP de Coca es monumental. Sus militantes consideran una afrenta que el pasado 18 de enero, “a la misma hora y en el mismo minuto” el que el exalcalde de la localidad, el popular Juan Carlos Álvarez, tomaba posesión como senador, se procediera a demoler las barbacoas situadas en los montes de Coca, que precisamente habían sido selladas, con autorización, en los días anteriores por el propio Álvarez, en calidad de agente medioambiental.
Aunque los populares afirman que la jefa de las operaciones, María Bragado —del Servicio Territorial de Medio Ambiente— manifestó que fue “una decisión tomada sobre la marcha”, los críticos no lo creen. “Algunos ya sabían que las barbacoas se demolerían el mismo día que Álvarez tomara posesión en el Senado”, sostienen desde el Partido Popular.
De acuerdo al relato de los populares, Bragado llegó al lugar a las 09.30 horas de ese día, acompañada por “la jefa de obras de TRAGSA”, cuyo nombre no desvela. Y allí estaba el alcalde de Coca, Andrés Catalina (Agrupación de Electores Villa de Coca), que “tenía preparada una retroexcavadora”. “Nunca van a reconocer que esto estaba hablado de antemano (…) pero las pruebas son evidentes”, denuncia el PP caucense.
Los populares quieren ahora manifestar su “radical rechazo” a este hecho, ya que “demoler con urgencia barbacoas selladas, que se habían convertido en mesas inocuas, y dejar en pie unas cien barbacoas ilegales repartidas por los montes de toda la provincia suena esperpéntico”. Tras recordar que la demolición se ha realizado “con dinero de todos los castellanos”, el PP se pregunta si no había en toda la provincia necesidades más imperiosas que financiar.
Ahondando en la herida, el PP entiende que la coincidencia del suceso con la toma de posesión de Álvarez como senador hace que “el escarnio” sea “evidente”. “Que los máximos responsables de Medio Ambiente en Segovia vengan personalmente a demoler estas barbacoas —indican desde el PP— suponemos que obedece a la petición y cumplimiento del capricho personal del alcalde, Andrés Catalina”.
Para acabar, desde el PP se entiende que la finalidad de la actuación no era otra que la de “desautorizar” a Álvarez, “una personalidad que todos los caucenses sabemos que es una de las voces autorizadas en la nación en la defensa de los montes y el empleo generado en los mismos”.
¿El final del Museo del Servicio Forestal?
Las críticas del PP no se ciñen al tema de las barbacoas. Los populares aseguran que “después de acompañar a la responsable de la demolición”, Catalina firmó en su despacho la convocatoria de un pleno de la Comunidad de Villa y Tierra, cuyo principal punto del orden del día era denunciar el convenio entre esta histórica entidad y la Junta para el funcionamiento de “la gran obra forestal de Álvarez”, el Museo del Servicio Forestal. Aunque la propuesta de Catalina salió adelante, con el apoyo del PSOE, el PP quiere advertir ahora de “tres duras realidades”. “Por un lado —aseguran— la Ley 27/2013 de Racionalización y Sostenibilidad prohíbe asumir competencias de este tipo a una entidad local”. De igual forma, entienden que la Ley 8/2009 de Transferencia de Competencias “impide la transferencia de la Junta a entidades locales de centros interpretación, como es este Museo del Servicio Forestal”. El PP advierte también que la ley de montes otorga la gestión de los edificios forestales a la Administración Regional.
Finalmente, los populares piden a la Junta el esclarecimiento de estos hechos y que depure “inmediatamente” responsabilidades.
