Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se personaron en varios ayuntamientos de las comunidades autónomas de Madrid y Valencia para solicitar nueva documentación relativa a contrataciones realizadas por estos consistorios. Esta actuación se produce en el marco de la investigación de la “Operación Púnica”, que desmanteló una trama de presuntos contratos fraudulentos por parte de esas instituciones.
Fuentes de la investigación han informaronque no son registros, sino requerimientos judiciales, lo que ha motivado esta nueva actuación del Instituto armado.
La operación llevada a cabo este ayer por los agentes de la UCO de la Guardia Civil en el marco de la investigación de la “Púnica” se centra en un total de doce ayuntamientos, entre ellos los de Madrid y Valencia, según una nota hecha pública por la Fiscalía General del Estado que habla de la “detención de diversas personas”, sin especificar cuántas y en qué localidades.
Según el Ministerio Público la Fiscalía Anticorrupción coordinó la segunda fase de la “Púnica” junto el Juzgado Central de Instrucción número 6 cuyo titular, Eloy Velasco, ordenó a los agentes de la Benemérita que procedan a la práctica de diveras diligencias.
Registros
Además de las citadas detenciones se realizaron requerimientos de documentación en organismos públicos y sedes sociales de empresas, que tampoco se detallan en la información hecha pública por la Fiscalía.
En concreto, se ha registrado el ayuntamiento de Moraleja de Enmedio y se han efectuado requerimientos de información en las sedes consistoriales de Valencia, Denia, Elche, Castellón y Gandía en dicha comunidad. En la de Madrid dicha petición de documentos se ha concretado en la capital y en los municipios de Collado Villalba, Valdemoro, Majadahonda, Alcobendas y Coslada.
En el marco del ‘caso Púnica’ el juez Velasco investiga una trama presuntamente dirigida por el exsecretario general del PP de Madrid Francisco Granados que adjudicaba contratos públicos en Madrid, León y Murcia a cambio de comisiones ilegales.
En cumplimento de requerimientos judiciales, el Instituto Armado está solicitando nueva documentación sobre contratos en estas instituciones que previsiblemente estaría relacionada con contratos públicos relacionados con responsables de la trama.
Por su parte, Cristina Cifuentes considera que las negociaciones con Ciudadanos “deben seguir en los mismos términos” pese a la investigación en varios ayuntamientos puesto que “no cambia” la situación del Grupo Parlamentario Popular.
“No cambia la situación de este Grupo Parlamentario y entiendo que las conversaciones y negociaciones deben seguir en los mismos términos”, sentenció Cristina Cifuentes.
