La Guardia Civil se personó ayer en las oficinas del Banco Santander para requerir información sobre “determinadas cuentas corrientes” en el marco de una causa contra el banco HSBC a raíz de la información contenida en la llamada lista Falciani.
Según fuentes jurídicas, la Guardia Civil se personó en la sede del banco en Boadilla del Monte (Madrid), a instancias del titular del juzgado central de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, José de la Mata.
La denominada lista Falciani fue desvelada por el informático Hervé Falciani con los nombres de 13.000 titulares de cuentas no declaradas en el HSBC suizo y por tanto presuntos evasores.
El requerimiento es subsidiario al registro, es decir, los agentes solicitan al banco la información y sólo si no se les facilita proceden a registrarlo.
Posteriormente, Banco Santander informó de que procedía a atender la petición de información —sobre movimientos de determinadas cuentas corrientes entre entidades— realizada por la Guardia Civil. La entidad presidida por Ana Botín afirmó en un comunicado que estaba atendiendo dicho requerimiento suministrando “todos los datos disponibles”. El banco garantizó además que estaba prestando y prestará “en todo momento” la colaboración requerida por las autoridades.
Los 40 acusados de la lista Falciani que serán investigados por distintos juzgados territoriales de toda España no defraudaron cantidades de “extraordinaria relevancia”, según precisa el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata en uno de los autos en los que se inhibe a favor de uno de ellos. El juez remitió, tres años después, las actuaciones relacionadas con estas cuatro decenas de personas o grupos familiares a dependencias judiciales de todas las comunidades autónomas salvo Aragón, Extremadura, Galicia, Asturias y La Rioja.
“Es necesario determinar caso por caso la competencia judicial ya que en casos de extraordinaria relevancia que pudieran ocasionar grave perjuicio a la economía nacional, la competencia correspondería a la Audiencia Nacional”, precisa el juez. De la Mata, que actuó con el criterio favorable de la Fiscalía, explica, además, que levantó el secreto de las actuaciones ya que en esta etapa de la investigación “ya no puede dar ocasión a interferencias o manipulaciones” que entorpezcan la instrucción.
La investigación arrancó en junio de 2013, con una denuncia formulada por la Fiscalía Anticorrupción. Ahora el juez levanta el secreto de sumario en relación con estas nuevas piezas y se inhibe a los tribunales del lugar donde estas 40 personas o grupos familiares tenían sus domicilios fiscales.
La denuncia de la Fiscalía Anticorrupción que dio lugar a esta investigación se apoyaba en la documentación y en soportes informáticos aportados por Hervé Daniel Marcel Falciani, una información derivada de su experiencia laboral en HSBC Private Bank Suisse.
La denuncia detallaba hechos presuntamente constitutivos de delitos contra la Hacienda Pública y de un delito continuado de blanqueo de capitales cometidos por residentes en territorio nacional. En el transcurso de esta investigación se incoaron estas 40 piezas separadas, por cada persona o grupo familiar.
