La Guardia Civil detectó un fraude a la Seguridad Social por el que varios ciudadanos de Bulgaria obtenían contratos de trabajo ficticios para someterse a tratamientos de diálisis y entrar en la lista de espera para recibir un trasplante de riñón.
En el marco de la operación ‘Renibus’, que arrancó a comienzos de 2015 y permanece abierta, hay un total de 20 personas investigadas, incluidos 14 ciudadanos de Bulgaria que obtuvieron de forma ilegal la tarjeta sanitaria española en la Comunidad de Madrid para entrar en la lista de espera de trasplante, de los que seis ya recibieron el riñón que necesitaban. Además, entre los investigados hay seis empleadores, de diferentes nacionalidades, incluidos algunos españoles, que eran los encargados de facilitarles los contratos ficticios.
Ninguno de ellos está detenido y tanto los pacientes ya trasplantados como los que siguen en diálisis permanecen en España. Estos últimos, no obstante, fueron sacados de la lista de espera.
“Es un fraude para quienes esperan a recibir un órgano y se ven perjudicados por aquellos que delinquen y vienen a aprovecharse del servicio de salud ejemplar que tenemos en España”, destacó Arsenio Fernández Mesa, director general de la Guardia Civil.
La Guardia Civil no detectó “una organización criminal que haya obtenido lucro ni nexos o elementos comunes entre todos ellos”, según declaró en rueda de prensa el comandante Reina, jefe del Grupo de Delincuencia Especializada de la Unidad Central Operativa (UCO), sino que se produjo por el “efecto llamada” producido por el “boca a boca” o por los casos contados a través de diferentes medios de comunicación búlgaros.
Las penas por este delito oscilan entre los seis meses y seis años de cárcel en función de la gravedad que determine el Juzgado de Instrucción número 21 de Madrid, que está llevando la operación; además de una multa y el reintegro de las prestaciones indebidamente obtenidas (el coste de un trasplante de riñón oscila los 50.000 euros). La Guardia Civil está analizando también si puede haber más casos en otras comunidades autónomas.
La operación se inició después de que la Organización Nacional de Trasplantes (ONT) detectara un número “anómalo” de trasplantes en ciudadanos de países de Europa del Este, en concreto de Bulgaria. Pusieron el caso en manos de la Guardia Civil y, posteriormente, identificaron que había pacientes que, al llegar a España de vacaciones o para visitar a un familiar, acudían a un centro de salud para solicitar de urgencia un tratamiento de hemodiálisis, en algunos casos en el mismo día de su llegada.
Estos tratamientos, en función de su enfermedad renal, puede consistir en hasta cuatro sesiones semanales de cuatro horas cada una y tiene un coste de 50.000 euros al año. En ese periodo, se daban de alta en la Seguridad Social como trabajadores por cuenta propia o ajena, como jardineros, empleados del hogar o de la construcción, lo que llamó la atención de la Guardia Civil ya que el tratamiento era “incompatible con cualquier actividad laboral”.
La edad media de los pacientes era de 30 a 40 años y disponían de recursos económicos para seguir viviendo en España. “No hablamos de gente que no tiene dinero, podían seguir subsistiendo”, reconoció el comandante Reina.
