La Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) trasladó su preocupación a la delegadada del Gobierno en Castilla y León, María José Salgueiro, ante la apertura en los últimos días de expedientes disciplinarios por falta grave a doce de sus representantes en la provincia de Valladolid.
A través de un escrito, el secretario de la AUGC solicitó a Salgueiro que, ante un “uso de la potestad disciplinaria que no se ajusta a la legalidad y que está afectando a representantes asociativos de AUGC”, posibilite el ejercicio del derecho de asociación profesional en un clima de “dignidad, plenitud y entendimiento”.
La asociación, a través de un comunicado recuerda que la delegada del Gobierno es la máxima autoridad de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la Comunidad y que por ello debe conocer que la situación descrita “causa enorme inseguridad y preocupación entre nuestros afiliados, que ven en la misma una vulneración directa de los derechos fundamentales de sus legítimos representantes y, por ende, de sus aspiraciones de conseguir una Guardia Civil con mayores derechos y mejores condiciones laborales, económicas y sociales y con un mayor grado de eficacia al servicio de los ciudadanos”.
Para la AUGC, “esta ola de represión es la culminación del empeño del Gobierno del PP en la remilitarización de la Guardia Civil, con aplicación de toda la restrictiva normativa militar a sus miembros”.
Así, ante esta situación la AUGC asegura cundió el desconcierto y la inseguridad jurídica entre todos sus representantes en España, “que ponen de manifiesto en estas cartas su desacuerdo y su miedo a que esta caza de brujas sin justificación haga que su labor como representantes de los guardias civiles sea no difícil y arriesgada, que siempre lo ha sido, sino todo un acto de heroicidad ante las posibles consecuencias que su legítimo ejercicio puede acarrearles a ellos y sus familias”. Con más de 30.000 afiliados, AUGC es la asociación mayoritaria en el Consejo de la Guardia Civil.
