La comisión gestora de la futura Fundación Caja Segovia ha decidido acudir a la Agencia Tributaria para pedirle la documentación relativa a la hipoteca sobre el Torreón de Lozoya y otros inmuebles emblemáticos de la ciudad. Los servicios jurídicos no pueden estudiar a quién debe reclamarse el pago de la deuda porque en las oficinas de la entidad no encuentran dichos acuerdos, y que resultan claves para el futuro de la Fundación, aún en fase de creación.
Como se recordará, Caja Segovia constituyó al 50%, con un grupo empresarial asturiano en 2006 la sociedad Navicoas para llevar a cabo una operación inmobiliaria en Gijón. Tras fracasar, la Agencia Tributaria reclamó en marzo de 2011 casi 21 millones de euros a los promotores al entender que los debían en concepto de impuesto de sociedades. Tras negociar con la entidad tributaria, ésta rebajo el impuesto a 6,8 millones de euros. Para pagarlos Caja Segovia pidió a Bankia un préstamo que conllevaba una garantía hipotecaria que afecta al Torreón de Lozoya, al Palacio de Mansilla, y a otros edificios.
Los actuales gestores también entienden que no debe ser la Fundación quien cargue con esos pagos, sino los anteriores socios o el Banco Financiero y de Ahorros al que se traspasaron todos los activos de la extinta Caja Segovia. Pero para ello necesitan los acuerdos firmados que ahora no aparecen en los despachos del edificio de Fernández Ladreda.
Esta documentación también es la que ha reclamado el Juzgado número 5 de Segovia, que investiga la operación, una vez que fue denunciada por algunos de los antiguos consejeros de Caja Segovia, al considerar que se hizo a sus espaldas.
Pero la intención de los actuales gestores provisionales no es pedir responsabilidades penales, sino sencillamente económica para evitar el pago de la garantía hipotecaria, y que supone 150.000 euros anuales. Esta cantidad, que se pasará a liquidar a finales de este mes de marzo, supondría limitar la capacidad de actuación de la futura Fundación Caja Segovia. Actualmente tiene cuatro millones de euros de remanente, pero —salvo que las cosas cambien— deberá afrontar la devolución del préstamo de 6,8 millones de euros a Bankia, Para ello tiene un plazo de diez años. Los cinco primeros años se pagarán intereses, y en el lustro siguiente, a partir de 2017, comenzaría a reducirse la amortización.
