La Federación Regional de Municipios y Provincias de Castilla y León (FRMP) propuso ayer la equiparación de los sueldos de los alcaldes de municipios de más de 100.000 habitantes y de presidentes de las diputaciones provinciales con los de un consejero, es decir, 71.766 euros brutos anuales, mientras que en el tramo de 100.000 a 50.000 la homologación sería con un viceconsejero, con lo que cobrarían 66.085 euros brutos anuales. Con esta propuesta, en Castilla y León afectaría a los alcaldes de las ciudades de Burgos, León, Salamanca y Valladolid y a los nueve presidentes de las diputaciones provinciales que homologarían su nómina a la de un consejero, que es de 71.766 euros, según los presupuestos de 2011, donde figura que el sueldo de un viceconsejero es de 66.085 euros, de un secretario 66.085, de un director general 56.108 y de un delegado territorial 56.697 euros.
Esta es parte de la propuesta que la comisión ejecutiva autonómica que representa al poder municipal de Castilla y León remitirá a la Federación Española de Municipios y Provincias, según explicó el presidente de la FRMP, Miguel Ángel García Nieto, durante una rueda de prensa en Burgos.
La propuesta, que responde a la petición de la FEMP a las federaciones territoriales para fijar las retribuciones de los cargos locales, recoge también la equiparación con un director general de la Junta para los alcaldes de los municipios entre 50.000 y 20.000 habitantes (56.108 euros brutos anuales); con un delegado de la Junta para tramos entre 20.000 y 5.000 (56.697 euros brutos anuales) y con un jefe de servicio para menores de 5.000 habitantes, donde se plantea además la creación de un fondo en las autonomías para garantizar el salario de los electos locales en consistorios de menos de 5.000 habitantes.
Por otra parte, la FRMP instó ayer a la Consejería de Hacienda a eliminar el impuesto sobre la eliminación de residuos en vertederos, ya que las entidades locales no deben ser «los paganos» de esa medida, aprobada recientemente por las Cortes, porque «encarecerá notablemente el peso que soportan los ayuntamientos por el tratamiento de estos residuos».
Otro de los asuntos abordados fue la modificación que la Junta ha hecho a la Ley del Ruido, eliminado el límite de 25 metros de distancia en municipios de más de 1.000 habitantes para instalar establecimientos hosteleros donde se vendan bebidas alcohólicas. Esta medida, dijo García Nieto, facilitará la ampliación y la creación de nuevos negocios, lo que permitirá un pequeño impulso económico para los municipios, concretamente, reforzando el sector hostelero.
Por último, habló de la búsqueda de un marco financiero adecuado, que demandan las entidades locales, para el pago a sus proveedores. Así, mostró su satisfacción por las medidas adoptadas por el Gobierno central ante la situación «agónica» y «tremenda» que atraviesan las entidades locales. Una medida que, a su juicio, va a suponer solucionar la situación económica de las entidades locales porque «ese dinero nos situará en una media de 30 a 60 días para pagar a nuestros proveedores».
