El Ministerio Público considera que las distintas pruebas practicadas por el juez y las declaraciones tomadas a las distintas partes “vienen a corroborar los hechos expuestos en la denuncia formulada por González Herrero, en relación a la posible solicitud de una vivienda por parte del alcalde y secretario de dicho Ayuntamiento a cambio de obtener la licencia de primera ocupación de las viviendas (de Los Lobos) construidas en la localidad por el denunciante como promotor”.
“En el transcurso de las conversaciones entre denunciantes y denunciado -continúa el fiscal en el escrito al juzgado número 5-, y ante la presunta negativa del primero, se incoó un procedimiento sancionador por presuntas deficiencias de la construcción al no adecuarse el proyecto y licencia urbanística inicial. Ello no obstante, el arquitecto municipal ha declarado como testigo, afirmando que tales deficiencias existían y lo procedente, ante la imposibilidad de rectificación de algunas de ellas, era la impoisición de una sanción económica equivalente al beneficio económico indebidamente obtenido por el promotor”.
Las partes, denunciante y denunciado, deberán también redactar sus escritos a la vista de las diligencias practicadas por el juzgado, y el juez determinará si la causa debe llegar a juicio, que, al tratarse de un presunto delito de cohecho, tendrá que ser visto por un tribunal con jurado.
El fiscal entiende que el alcalde y el secretario han podido incurrir en ese delito del artículo 419 del Código Penal, y que prevé una pena de entre dos y seis años de cárcel para “la autoridad o funcionario público que, en provecho propio o de un tercero, solicitare o recibiere, por sí o por persona interpuesta, dádiva o presente o aceptare ofrecimiento o promesa para realizar en el ejercicio de su cargo una acción u omisión constitutivas de delito …”
