La Fiscalía de la Audiencia Provincial de Segovia ha remitido al juzgado correspondiente la documentación presentada por varios exconsejeros de Caja Segovia sobre la decisión de hipotecar el Torreón de Lozoya para pedir un crédito hipotecario con el que hacer frente a una deuda tributaria generada por la sociedad Navicoas, participada en un 50% por la entidad segoviana, tras la compra de unos terrenos en Gijón.
Según ha podido saber esta redacción, la Fiscalía ha decidido dar inmediato traslado al juzgado al entender que el contenido de la documentación aportada ante esta institución puede tener materia punible.
En la noche del pasado lunes consejeros de los distintos partidos y organizaciones con representación en el anterior consejos, es decir, PP, PSOE, FES, Comisiones Obreras y Jubilados, mantuvieron una reunión en la que decidieron trasladar a la Fiscalía Provincial el acuerdo; y en el escrito que presentaron al Ministerio público apuntan que “el Consejo de Administración en ningún momento aprobó las garantías hipotecarias, entre las que se encontraba el Torreón, como consecuencia de la deuda tributaria generada por Navicoas” y entienden que “esa deuda debe ser asumida por los administradores de derecho y no por los administradores de hecho, en este caso Caja Segovia”.
Algunos de los exconsejeros recuerdan que en la sesión del consejo celebrada el pasado 26 de marzo se acordó gestionar con Bankia un préstamo de unos siete millones de euros para hacer frente a la deuda tributaria de Navicoas “dentro del plazo que marcaba la Agencia Tributaria”. Sin embargo, en ese mismo encuentro, se acordó también reclamar a Bankia que asumiera ese pago, al entender que debía ser ella quien lo abonara y reclamar también al seguro que tenían los administradores de Navicoas cinco millones de euros. Los exconsejeros aseguran no tener constancia de que estas dos últimas medidas se hallan llevado adelante.
