Casi 10 años después de que el Prestige provocara la mayor catástrofe ecológica de España, ayer comenzó el juicio contra los mandos del petrolero, que se partió en dos frente a la costa gallega y derramó toneladas de fuel que aún hoy sigue contaminando el Atlántico y el Cantábrico.
En la primera sesión, la Fiscalía reclamó más de 4.000 millones de euros en indemnizaciones por los daños provocados por el vertido. Una cantidad que casi duplica los cerca de 2.200 millones en los que se estimaban los perjuicios, según un informe inicial elaborado por un grupo de expertos.
Los peritos designados ahora por el Ministerio Público consideran que el importe es adecuado para compensar los graves trastornos causados por la marea negra a sectores como el pesquero, afectado durante años.
El Prestige se hundió en noviembre de 2002 a causa de un temporal ante las costas de Galicia y de su interior se vertieron al mar más de 60.000 toneladas de crudo. La manta de chapapote tiñó de negro playas y rocas del norte de España y Portugal y el suroeste de Francia, y provocó la muerte de unas 250.000 aves.
El proceso durará al menos siete meses y por él desfilarán más de 130 testigos, un centenar de peritos y 50 abogados. La sentencia no se prevé hasta el otoño de 2013.
Entre los principales imputados se encuentran el capitán del barco y varios miembros de la tripulación. Para el principal cargo de la nave, el griego Apostolos Manguras, de 76 años, se piden 12 años de cárcel por delitos contra el medio ambiente, igual que para el primer oficial del barco, un filipino actualmente en paradero desconocido, y para el jefe de máquinas.
En el banquillo se sienta también el entonces director de la Marina Mercante, José Luis López-Sors, acusado de imprudencia grave. Se trata del único político español en el caso, si bien durante años organizaciones ciudadanas exigieron que se imputara también a otros altos cargos del Gobierno de José María Aznar.
En la vista, la defensa de Manguras solicitó la «nulidad» del juicio, al considerar que no se garantizaron los derechos fundamentales del capitán. Mientras, los abogados del jefe de máquinas y de López-Sors insistieron en que estos no cometieron ningún delito.
Los acusados declararán a partir del 13 de noviembre, mientras que los testigos comenzarán el 11 de diciembre.
Antes del inicio del juicio, la plataforma Nunca Máis celebró una concentración con unas 300 personas para exigir que se sienten en el banquillo de los acusados otros altos cargos del Ejecutivo de Aznar como responsables políticos de la catástrofe.
