La Fiscalía Anticorrupción registró ayer por la mañana un escrito ante el juez instructor del caso Nóos, José Castro, en el que solicita que sean citados de nuevo el Duque de Palma, Iñaki Urdangarín, y su exsocio Diego Torres en el marco de estas pesquisas, después de que la Agencia Tributaria presentase el pasado viernes un informe en el que les atribuye tres nuevos delitos fiscales tras haber defraudado presuntamente unos 240.000 euros en el impuesto de sociedades, así como dos cuotas superiores a 120.000 euros, cada una del IRPF, en el caso del yerno del Rey, según indicaron fuentes de la investigación.
No está previsto que, después de que el Ministerio Público haya realizado esta solicitud para conocer la versión de los dos imputados, el magistrado resuelva al respecto en estos días. De este modo, el titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma deberá pronunciarse en las próximas semanas no solo en torno a la citación de ambos sino también sobre la fianza civil de 8,2 millones de euros que reclaman la Fiscalía y el sindicato Manos Limpias, personado como acusación popular.
El magistrado ya manifestó en un auto que la aparición de nuevos hechos que pudieran revestir reproche penal «no habrán de causar indefensión» a Urdangarín puesto que, aseguraba, de surgir indicios de la comisión de otros delitos «se le ofrecerá amplia posibilidad de que facilite su versión sobre los mismos».
Los investigadores apuntan que Urdangarín y Torres encabezaron una trama a través de la cual se habrían apoderado de 5,8 millones de los fondos públicos que percibió Nóos. En concreto, falsedad documental, prevaricación, fraude a la administración y malversación de caudales públicos son los delitos que se indagan en este fleco del caso Palma Arena, uno de los 26 que componen este complejo procedimiento judicial.
Y es que las acusaciones consideran a ambos encausados responsables de urdir un entramado societario cuando los dos estaban al frente de Instituto con el fin de hacerse con las partidas que recibía la entidad. Para ello, fijaban precios totalmente desproporcionados por los servicios que prestaban a la Administración y posteriormente simulaban trabajos ficticios a mercantiles del entramado societario de Nóos.
Sobres cerrados
Por su paret, Jan Gui Urdangarín, sobrino del Duque de Palma, prestó ayer declaración como testigo ante el juez José Castro. El joven afirmó ante la Justicia que su tío le entregaba «sobres» para dárselos a los trabajadores de la trama Nóos, si bien aseguró desconocer que contuvieran dinero. «Me limitaba a hacer de mensajero», llegó a señalar.
En su comparecencia, Gui negó que su labor consistiese en pagar a empleados que en realidad no prestaban sus servicios para el entramado de empresas, entre las que se encontraba Aizoon, inmobiliaria de la que Urdangarín es copropietario al 50 por ciento junto a su mujer, la Infanta Cristina.
El empresario catalán Joaquin Boxerau también prestó ayer declaración como imputado ante el juez que instruye las investigaciones. El emprendedor manifestó que percibió de forma irregular, mediante dos facturas falsas, 30.000 euros de la entidad, la misma cantidad que él pagó de su bolsillo para poder constituir la Fundación Deporte, Cultura e Integración Social «como favor» al Duque.
