La Fiscalía ha solicitado una pena de ocho años y siete meses de inhabilitación para el actual alcalde de Villacastín, Jesús Grande (PP), por una contratación, supuestamente irregular, realizada en 2011 a un trabajador que debía de ejercer como electricista municipal. La fiscal, Beatriz de Ramos, sostuvo ayer, en las conclusiones que presentó al final del juicio oral, que el regidor de Villacastín había cometido un delito de “prevaricación continuada” con su actuación, “plenamente arbitraria” y contraria a los artículos 91 y 107 de la Ley Reguladora de Bases de Régimen Local.
El asunto viene de lejos. Grande explicó en el juicio oral ayer celebrado en el Juzgado de lo Penal de Refuerzo que poco después que él accediera a la Alcaldía, a mediados de 2011, la empresa que se encargaba del mantenimiento eléctrico del municipio le comunicó su decisión de dejar de prestar ese servicio. En vista de los numerosos problemas eléctricos existentes en Villacastín, Grande buscó una solución rápida. “Yo quería salir del paso”, afirmó ayer, en reiteradas ocasiones. Y, de acuerdo a su relato, se le presentó la oportunidad de contratar a I.G., un vecino de Villacastín con experiencia en trabajos eléctricos que, en ese momento, “estaba de más (en el paro)”. Según las explicaciones ofrecidas por el alcalde, la negociación resultó corta. “¿Tú eres capaz de responsabilizarte de esto?”, recordó Grande. La respuesta positiva que recibió de I.G. impulsó su contratación, en principio por un periodo de seis meses, que fue prorrogado hasta en tres ocasiones.
Pero el tema tenía mucho más recorrido. Aunque se llegó a realizar una oferta pública de empleo para cubrir la plaza de electricista, la agente de desarrollo local del Ayuntamiento de Villacastín en aquel momento, que ayer actuó en el juicio en calidad de testigo, aseguró que “un día el alcalde se me presentó diciendo que había que contratar a I.G.”, obviando así la convocatoria. A pesar de que la propia ADL advirtió más tarde a Grande que I.G. no contaba con la titulación requerida, el regidor insistió en contratarle.
La oposición en el Ayuntamiento al PP, liderada por el PSOE, defendió que el alcalde no consultó al pleno la mencionada contratación, que acabó consumándose de una forma poco ortodoxa. Y además, quiso añadir otro elemento para el debate, la supuesta amistad de Grande con el padre de I.G.
En el juicio oral, la fiscal puso especial hincapié en observar que el secretario del Ayuntamiento informó desfavorablemente en varias ocasiones la contratación de I.G., aunque sin evitar que se llevará a cabo. A preguntas de la fiscal, Grande aseguró que él firma todos los documentos que le pasa el secretario, “pero no los leo”.
Por otra parte, la fiscal recalcó que Grande “ha reconocido que no llegó a examinar las solicitudes enviadas por otros candidatos” y que el secretario confesó la no existencia de un expediente de esta contratación.
El propio secretario del Ayuntamiento —ayer también testigo— descubrió que Villacastín, en lo relativo a la contratación de sus empleados, era (sic) “sui géneris”, desde antes de la llegada de Grande al cargo de alcalde (en la actualidad, 20 de sus 22 trabajadores son ‘indefinidos no fijos’). La defensa del alcalde, representada por José Antonio Díaz Pinillos, quiso, tras reconocer las “ilegalidades administrativas” del Ayuntamiento de Villacastín, no imputables a Grande, por ser anteriores a su mandato, que el actual secretario, nada más tomar posesión de su puesto, en 2009, y “para curarse en salud”, redactó un informe advirtiendo que los contratos existentes se habían realizado sin tener en cuenta los principios de mérito y capacidad, y tampoco sin publicidad.
La defensa de Grande negó que el secretario elaborara un “informe concienzudo” advirtiéndole de la ilegalidad de la contratación y, antes de pedir la libre absolución del acusado, aseguró que “ninguno” de los cuatro candidatos al puesto de electricista remitidos por el Ecyl, ni tampoco otro que entregó su currículum en el Ayuntamiento, cumplía los requisitos. De igual manera, criticó el procedimiento inicialmente previsto para seleccionar al electricista —un sorteo entre todos los candidatos que reunieran los requisitos—. Y concluyó señalando que “nadie ha puesto en tela de juicio la capacidad profesional” de I.G.
El juicio quedó ayer visto para sentencia.
petición de dimisión En otro orden, el secretario de Organización del PSOE segoviano, Alberto Serna, exigió al presidente provincial del PP, Francisco Vázquez, que “tome cartas en el asunto” y reclame la dimisión del alcalde de Villacastín. “El PP no debe de amparar este tipo de actuaciones”, declaró Serna, quien quiso diferenciar entre las responsabilidades judiciales del caso, que “ya se dirimirán”, de las políticas, sobre las que apuntó que “debe saldar el PP”. Para Serna, dicha contratación, “sin la titulación exigida y obviando a otros candidatos enviados por el Ecyl, muestra una forma de hacer las cosas que no debe utilizarse”.
